LOS TRANSGÉNICOS CONSOLIDAN SU EXPANSIÓN

La Comisión ha decidido autorizar la presencia accidental del 0,1 por ciento de semillas transgénicas no autorizadas en la Unión Europea (UE) si su destino es para pienso, pero con el visto bueno de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). El debate viene con la siguiente decisión, la de aprobar esta tolerancia también para consumo humano. Las semillas cuya comercialización o cultivo están autorizadas en la UE lo están también tanto para consumo humano como animal. La diferenciación en función del destino supondría una extrema complicación y un alto coste, ya que habría que separar todos los procesos de transporte, almacenaje y transformación.
En esta misma línea, los datos publicados por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (ISAAA) son arrolladores. El pasado año 15,4 millones de agricultores cultivaron en 29 países 148 millones de hectáreas de transgénicos. Es decir, el equivalente aproximado a tres veces el total de la geografía de España y casi 20 veces más agricultores que todos los agricultores y ganaderos de nuestro país. Todo ello, unido al aumento de ambos indicadores en más del 10 por ciento, confirman que guste o no guste, es una tecnología que en 15 años se ha convertido en la vanguardia de la agricultura mundial. Mientras tanto en la UE seguimos trasteando con nuestras luchas internas y nos mantenemos al margen de estos desarrollos, algo que afecta sobre todo a los agricultores. Hay cultivos clásicos de nuestra geografía, como el algodón o el maíz, que a nivel mundial son transgénicos en un 64 y un 30 por ciento respectivamente. Respecto a la remolacha, en plena época de déficit productivo en la UE y bajos precios, en Estados Unidos y Canadá el 95 por ciento ya es tolerante a herbicidas.
La OCDE y la FAO lo vaticinan en su Informe de Perspectivas 2010, donde afirman que la productividad agrícola de la UE se estancará entre 2010 y 2019 con un crecimiento del 4 por ciento, mientras que en países donde se está desarrollando la biotecnología agraria, como EEUU, Canadá, Australia, China, India o algunos países de América Latina, crecerá entre un 15 y un 40 por ciento.

AHORA HAY MENOS AZUCAR

Mucho se ha puesto en duda en estos últimos días la última reforma del sector de las remolacha y del azúcar. La realidad es que la producción se ha reducido de forma muy importante en toda la UE, pero sobre todo en España, en particular en Andalucía, pero también en CYL, la gran productora. Ahora nos encontramos en un mercado mundial con déficit azucarero, y sin ser capaces de producir más. Es cierto que se trata de un mercado contingentado con cuotas y con un complejo sistema regulatorio y que un año no marca una tendencia, pero desde luego no es un buen indicio. El Comisario de Agricultura Ciolos lo ha justificado diciendo que el objetivo no era reducir la producción sino mejorar la estructura del sector….no es lo mismo, pero está íntimamente relacionado; pero que va a decir. La realidad es que es muy difícil planificar en un mercado tan cambiante como el agrario, pero quizás por eso habría que ser mucho más flexibles a la hora de plantear reformas y dejar abiertas muchas más puertas traseras. Lo hemos vivido en el sector de los cereales y ha llevado a una profunda reflexión sobre los mecanismos de regulación de mercados, hace pocos años denostados. Quizás ahora, en pleno meollo de replanteamiento de la futura PAC, sea bueno coger este ejemplo y dedicar un poco más de tiempo a la reflexión.

SUFICIENCIA ALIMENTARIA

Los últimos datos de la FAO estiman que 925 millones de personas pasan hambre crónica. Son 98 millones menos que los estimados en 2009, pero en cualquier caso, una cifra inasumible e injustificable. El motivo de este descenso ha sido explicado por los analistas de esta organización internacional como la consecuencia del repunte mundial de la economía en 2010 y por la bajada continuada de los precios alimentarios desde 2008.
El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio acordado por la Organización de Naciones Unidas en 2000 es reducir del 20 al 10 por ciento el número de personas hambrientas en el mundo antes de 2015. A cinco años de cumplirse el plazo, solo se han recortado 4 puntos, situándonos en el 16 por ciento, lo que anticipa un incumplimiento de este objetivo básico.
Para mejorar esta tendencia es importante que no se produzca un encarecimiento desproporcionado en los precios de los alimentos, para lo que es imprescindible incrementar la oferta de alimentos a nivel mundial.
La realidad es que más del 70 por ciento de las personas que viven en pobreza extrema, con menos de 1 dólar al día, lo hacen en zonas rurales y el 80 por ciento son campesinos. Por ello es cada vez más necesario que los pequeños agricultores incrementen la eficiencia de sus granjas de la misma manera que lo hacen en sus explotaciones los medianos y grandes agricultores y ganaderos. Al final, cuanto más produzca un pequeño agricultor en su explotación, mas alimento propio generará y más posibilidad tendrá de intercambio, de compra venta.
Un ejemplo claro es China, donde según el informe 2011 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA), el aumento de la producción ha sido un factor clave para la reducción de la pobreza absoluta en un 29 por ciento. En este sentido el desarrollo y la transferencia de las nuevas tecnologías agrarias es un reto incuestionable que hay que afrontar.

TRANSGÉNICOS EN WIKILEAKS

Aunque algo tarde, por las siempre complicadas fiestas navideñas, retomo la actividad de este blog con el tema de Wikileaks, que puso sobre la mesa lo que El País denomina una “complicidad oculta” entre Estados Unidos y España en la “soterrada lucha” para la defensa de esta tecnología en la Unión Europea.

Que la semántica adjetivada no nos confunda. EEUU y España tienen intereses comunes en este campo, lo que es público, como lo es que España, con carácter general, ha estado y está en una posición de defensa de la tecnología transgénica, siempre que cuente con los avales científicos preceptivos. Que el Secretario de Estado Josep Puxeu haya mantenido contactos con la Embajada de EEUU para pedirle apoyo en este tema es un síntoma de profesionalidad y buen hacer político. Hay que recordar que más del 23 por ciento del maíz que se siembra en España está modificado genéticamente y que otros agricultores, por ejemplo los algodoneros de Andalucía, demandan de forma reiterada disponer de las mismas herramientas. Exigen algo tan razonable como competir en igualdad de condiciones con los otros 14 millones de agricultores del resto del mundo que ya utilizan con eficacia y mejora competitiva esta avanzada tecnología. Por tanto, defender los intereses de nuestro sector es algo que en este caso hay que agradecer sin reparos a nuestro Gobierno.

A pesar de lo mediático de la filtración, hay que recordar que según el último Eurobarómetro solo al 8 por ciento de los europeos les preocupa los transgénicos y más del 75 por ciento confían en el criterio de la EFSA. Además y según las mismas fuentes, la mayoría de los españoles no manifiestan ninguna posición contraria a los transgénicos en ninguna de los aspectos referidos en este informe de opinión de la ciudadanía europea. Algo por otro lado razonable ya que en 15 años de comercialización y consumo de estos alimentos no se ha detectado en todo el mundo un solo caso en el que la salud de alguien se haya visto perjudicada.

Seguros necesarios

El pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó una ayuda de un millón de euros para paliar los daños de las inundaciones del pasado julio en el norte de España. Cubren los daños que nos están bajo el paraguas del sistema de seguros agrarios español y se debe cumplir la condición de que el beneficiario de estas ayudas extraordinarias tenga cubierta su campaña por el seguro agrario.

De esta acción del gobierno, que por cierto no es novedosa ya que se produce casi siempre que hay grandes pérdidas por climatología extrema, de esta acción se extraen dos conclusiones principales. En primer lugar que si no fuera por el sistema de seguros agrarios español, uno de los más modernos y eficientes que hay en el agro mundial, los costes para las arcas públicas de este tipo de desastres serían tremendos. Mucho más altos sin duda que el propio coste de la política de seguros, que hay que recordar cubre con fondos nacionales y regionales la mitad de la póliza. En segundo lugar y como siempre recordamos, la importancia de asegurar las cosechas y las producciones.

A pesar de que no es un sistema perfecto y tenga aspectos que pulir y corregir, es sin duda el menos imperfecto. El no asegurarse no implica solo perder parte de la cosecha por motivos más o menos habituales, sino también no poder percibir estas compensaciones cuando el daño es extremo. Es cierto que la situación de las explotaciones es difícil y hay que ahorrar costes, pero quizás el coste de la póliza agraria, no es el que se deba eliminar.

Trampas en el aceite de oliva

Hace un par de semanas nos hacíamos eco de lo que calificamos como una maniobra comercial de dudosa ética. Me refiero a las conclusiones de un estudio de la Universidad de Davis en el que ponía a caldo los aceites españoles y afirmaba con no eran lo que decían ser. Quedó aparentemente claro tras hablar con el sector que los métodos y las muestras utilizadas no eran adecuadas ni siquiera estaban homologadas. ¿A quién beneficiaba todo esto? Pues a los que estaban detrás del estudio, que no eran otros que los productores de aceite de oliva de EEUU, muy pocos, eso sí, y acorralados en precio y volumen por el aceite español. En fin, pusimos el grito en el cielo, como no podía ser menos.

Pero ahora nos han hecho dudar y de qué manera. Resulta que las investigaciones de la Junta de Andalucía han detectado que una proporción importante de los aceites de oliva virgen extra son mezclas con aceites de oliva refinados. Así lo han constatado en el 50 por ciento de las inspecciones que se han realizado. Este nivel de fraude es muy difícil que pase desapercibido para los profesionales del sector y para las organizaciones que lo controlan. Por un lado está muy bien y hay que aplaudir que se hayan detectado, pero no deja de preocupar que exista una presunta estafa de esta envergadura en un producto tan significativo para nuestra imagen y para nuestra economía como es el aceite. Un tema que urge aclarar y que debe hacer pensar al sector.

Los americanos nos sacaron los colores, no les creímos, creímos al potente, emblemático y señorial sector industrial español. Ahora vuelve a sonar el río, y por tanto ya lo dice el dicho, agua debe de llevar.

Habrá PAC, ¿pero cuál?

El primer documento de trabajo sobre la futura Política Agraria Común (PAC) ya ha sido puesto sobre la mesa. Se marcan las grandes intenciones y se establecen algunas alternativas, aunque se decanta de manera clara por la modificación del sistema de pagos basado en una ayuda base y complementos. Un embrión de la futura PAC sin presupuesto, lo que todavía limita mucho más su valoración.

Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.

Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.

También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.

En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.

No todo vale en el comercio

Las batallas comerciales entre diferentes países han llevado de forma recurrente a la aprobación para las importaciones de medidas restrictivas de dudosa legalidad, basadas en supuestos riesgos sanitarios o veterinarios. Hay otras acciones todavía más dañinas que son acometidas por organizaciones privadas en defensa de sus propios sectores. El caso más reciente lo encontramos en Estados Unidos, donde la Universidad de Davis en California ha elaborado un informe en el que ponen en entredicho la calidad de los aceites de oliva virgen extra de nuestro país. El sector español se ha apresurado a rebatir estos argumentos, con datos tan contundentes como que los procedimientos de análisis no están homologados por el Comité Oleícola Internacional, que las muestras se tomaron en muy escasos puntos de venta o que el producto analizado llevaba varios meses en los lineales.

Por un lado, igual que sucedió en el caso del vino, en Estados Unidos hacen caso omiso de las organizaciones internacionales, cuando sus posiciones no concuerdan con sus intereses. Por otro lado, no solo se defiende el pequeño sector olivarero estadounidense a costa del español, sino que se da pié a que otros países productores como los del cono sur, se acojan a esta coyuntura para frenar las exportaciones españolas a su mercado. Hay que recordar que el mercado exterior del aceite español ha crecido año tras año hasta alcanzar las 790.000 toneladas en 2009/2010.

Se trata en todo caso de una situación preocupante en la que España, como gran potencia olivarera, debe actuar con contundencia y buscar el apoyo de otros Estados y organizaciones, e incluso de la propia Unión Europea, para que el propio gobierno estadounidense aclare el tema y limpie la imagen de este producto.

Comisión nacional de competencia

Uno de los retos inmediatos con los que se debería enfrentar la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, es la coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia, que mira con lupa al agro. Tanto es así que diversas organizaciones sectoriales ya ni se atreven a desarrollar acciones de fuste para desarrollar sus mercados. Independientemente de la justificación jurídica que avale las opiniones y decisiones de la CNC y el acierto de algunas o de todas ellas, la realidad es que existen importantes contrasentidos con las decisiones adoptadas por el MARM para apoyar la consolidación de, por ejemplo, las organizaciones interprofesionales. Las decisiones de la CNC les sancionan de forma recurrente por desarrollar las funciones para las que se han creado; por cierto, apoyadas con presupuesto público.

Mientras tanto, dos circunstancias muestran que las cosas se pueden hacer de otra manera. El ejecutivo comunitario estudia proponer una adaptación de las normas europeas que permitan a los ganaderos unirse para negociar de forma conjunta con las industrias lácteas mejores precios por su producción de leche. Y, por otro lado, en Francia, su Ministro de Agricultura ha anunciado que contarán con contratos entre los agricultores y los compradores, con métodos de determinación de los precios, en el sector lácteo y el de frutas y hortalizas. En resumen, en España la CNC frena acuerdos intersectoriales y acciones de regulación de mercados. Mientras tanto la Comisión en Bruselas estudia facilitarlas y países como Francia ya las avalan. Alguien tendrá que aclara este gran caos.

Proteína Vegetal

La obtención de proteína para la alimentación animal es uno de los condicionantes más sensibles del sector de ganadero ya que supone una fuerte dependencia de Estados terceros. La prohibición de utilizar harinas de origen animal para la elaboración de piensos ha reforzado la dependencia de la soja como origen de la imprescindible proteína para los alimentos de nuestro ganado. El freno a determinadas biotecnologías ya implantadas en los grandes productores agrícolas del mundo como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Canadá, etc., ha supuesto una importante atadura comercial que, unida a las estrictas limitaciones a la importación de semillas transgénicas, suponen un amenaza para nuestro abastecimiento alimentario o, al menos, para la estabilidad de su mercado y de sus precios.

Los equipos técnicos de la Comisión trabajan para dar una solución al modelo de tolerancia cero que existe en la actualidad para las importaciones de semillas. Ahora la Comisión intenta que se admitan trazas en el caso de aquellas semillas cuya modificación genética ya haya recibido la opinión favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), aunque todavía no se haya producido la resolución oficial en el siempre complejo y maniatado proceso de autorización. Un proyecto que de salir adelante sería un paso para la normalización de la industria de los piensos y en consecuencia del propio sector ganadero. Sin embargo, lo coherente sería que las trazas fueran aceptadas también si la semilla hubiera sido autorizada por un organismo o autoridad científica acreditada y de reconocido prestigio, aunque no sea europeo. También reducirá la dependencia de la soja el demandado y ya probable levantamiento parcial de la prohibición de uso de harinas animales, impuesta a partir de la crisis de las vacas locas.