Trampas en el aceite de oliva

Hace un par de semanas nos hacíamos eco de lo que calificamos como una maniobra comercial de dudosa ética. Me refiero a las conclusiones de un estudio de la Universidad de Davis en el que ponía a caldo los aceites españoles y afirmaba con no eran lo que decían ser. Quedó aparentemente claro tras hablar con el sector que los métodos y las muestras utilizadas no eran adecuadas ni siquiera estaban homologadas. ¿A quién beneficiaba todo esto? Pues a los que estaban detrás del estudio, que no eran otros que los productores de aceite de oliva de EEUU, muy pocos, eso sí, y acorralados en precio y volumen por el aceite español. En fin, pusimos el grito en el cielo, como no podía ser menos.

Pero ahora nos han hecho dudar y de qué manera. Resulta que las investigaciones de la Junta de Andalucía han detectado que una proporción importante de los aceites de oliva virgen extra son mezclas con aceites de oliva refinados. Así lo han constatado en el 50 por ciento de las inspecciones que se han realizado. Este nivel de fraude es muy difícil que pase desapercibido para los profesionales del sector y para las organizaciones que lo controlan. Por un lado está muy bien y hay que aplaudir que se hayan detectado, pero no deja de preocupar que exista una presunta estafa de esta envergadura en un producto tan significativo para nuestra imagen y para nuestra economía como es el aceite. Un tema que urge aclarar y que debe hacer pensar al sector.

Los americanos nos sacaron los colores, no les creímos, creímos al potente, emblemático y señorial sector industrial español. Ahora vuelve a sonar el río, y por tanto ya lo dice el dicho, agua debe de llevar.

Habrá PAC, ¿pero cuál?

El primer documento de trabajo sobre la futura Política Agraria Común (PAC) ya ha sido puesto sobre la mesa. Se marcan las grandes intenciones y se establecen algunas alternativas, aunque se decanta de manera clara por la modificación del sistema de pagos basado en una ayuda base y complementos. Un embrión de la futura PAC sin presupuesto, lo que todavía limita mucho más su valoración.

Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.

Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.

También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.

En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.