EL AGRO EN LAS ELECCIONES

En plena campaña electoral, las propuestas agrarias de los dos principales partidos, han sido poco comentadas. Por una lado, el PSOE continúa con su cerrazón con el tema del agua, y cree que la desalación va a solucionar el problema del agro levantino. Sus promesas en la anterior campaña han sido incumplidas casi en su totalidad, así que la desconfianza es más que comprensible. Además, los costes de las desaladoras se han repercutido en el precio de la escasa agua obtenida. El PP dió un buen susto a buena parte del agro mediterráneo, cuando no se atrevió a anunciar que retomaría el trasvase, como tampoco lo hizo Miguel Arias Cañete en la Trilla de Punto Radio. Pecó de prudente, al entender que en este año de sequía era políticamente incorrecto mencionar el trasvase del Ebro. Al final tuvo que rectificar y reconocerlo, porque en este tema, hay que mojarse. Por otro lado, no se asusten los aragoneses ni catalanes. Los que hemos tenido oportunidad de analizar este proyecto, hemos comprobado como en épocas de escasez no se hará uso de este agua. Existen unos umbrales, bastante por encima del caudal ecológico, por debajo de los cuales el agua no se trasvasa. En otro orden de cosas, el desacoplamiento total de las ayudas es una prioridad para el PP, con lo que busca facilitar la salida del sector a los productores menos rentables y consolidar a los más operativos. El PSOE no lo ve tan claro, dados los problemas sociales que estiman se pueden producir. También está la controvertida y costosa Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El PP apuesta por derogarla según llegue al gobierno y suplirla por una Secretaría de Estado. Una Ley que ha costado mucho conseguir, que en general ha sido bien recibida y que todavía no ha sido desarrollada. Lo que sin duda va a ser muy complejo dado que participan once ministerios. Una decisión radical que merecería una reconsideración, aunque eso sí, la Secretaría es sin duda, una buena estrategia que podría canalizar la eficacia y dotación de la Ley. El PP afirma que no está dotada con recursos presupuestarios y el PSOE que tiene reservada una financiación abundante y extraordinaria. ¿A quién creer?

Otro asunto es la futura Ley que regulará los transgénicos, propuesta por el PSOE. Según este partido, se basará en criterios ambientales y de salud. De Perogrullo, pero no se olviden de la economía. Esperemos que no se convierta en un argumento para los ecologistas más extremos que han conseguido dejar a la Unión Europea en la cola mundial de estas tecnologías. Habrá que confiar que predominen los criterios técnicos y científicos, en vez de los compromisos políticos que hasta la fecha, han ralentizado un desarrollo tan necesario como inevitable.

En definitiva, el PSOE, contra lo que dijo Rajoy en el último debate, no lo ha hecho tan mal, al menos en su política agraria, que no hay que olvidar se cocina en Bruselas. Sí es cierto que al principio de legislatura, mientras Moraleda estuvo al mando de la Secretaría General de Agricultura, las negociaciones en Bruselas fueron caóticas, rozando lo grotesco. Fue hace tres años. Rajoy tiene razón, pero sin perder la referencia temporal.

COMPENSACIONES AL GANADO MENOR

Todas las especies que habitamos este planeta tenemos la reacción instintiva de manifestarnos cuando algo va mal. Las plantas, los animales menos complejos y también los más evolucionados reaccionamos ante las situaciones adversas y mostramos de una manera u otra nuestra queja por lo que nos acontece. En el caso de la especie humana, más todavía, ya que disponemos del ingenio y de la capacidad de aunar frustraciones, lo que nos permite la manifestación colectiva de nuestros infortunios. Dentro de los diferentes colectivos, sin duda el sector agrario es uno de los que mejor, o al menos que más veces utiliza la capacidad y el derecho de manifestarse. Si nos paramos a pensar sobre el gremio que con más frecuencia ocupa nuestras calles, bien sea de nuestra localidad, de Madrid o de Bruselas, estos son los agricultores y ganaderos. El sector ganadero ha tenido que utilizar esta incómoda herramienta en numerosas ocasiones a lo largo del último año. Una decisión que no gusta a los políticos, al resto de los ciudadanos y, por supuesto, al propio ganadero.

La crisis que está padeciendo la ganadería está llevando a las explotaciones a umbrales de impotencia empresarial. El vacuno de carne, el conejo, la avicultura, pero sobre todo el ovino, caprino y el porcino de capa blanca han sufrido la crisis combinada de precios y de costes más aguda de los últimos años. El crecimiento acelerado de los precios de los insumos, sobre todo los piensos, pero también los energéticos o los derivados de las normas de bienestar animal, han llevado a las explotaciones a una escalada de costes que no han podido repercutir en el precio de venta. Las previsiones de la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO) no son halagüeñas. Los altos precios del cereal alimentario de las últimas campañas han generado un importante aumento de la superficie de siembra. Además, el tirón del consumo en grandes economías orientales, entre otras en China e India, va a continuar en ascenso. Esta organización predice un valor del cereal que, sin crecer a la misma velocidad que el pasado año, va a continuar a niveles muy altos.

En esta situación la desesperación del sector es comprensible. Por supuesto, sus movilizaciones no van a conseguir incidir en el nudo gordiano de la crisis, que es el mencionado precio del pienso. Poco puede hacer la Unión Europea, salvo lo ya hecho, es decir, autorizar la siembra a discreción y eliminar los aranceles a la importación. Medidas necesarias, pero insuficientes para influir de forma sustancial en el mercado mundial. El estado español y los gobiernos regionales nada pueden hacer en este punto. Donde sí pueden actuar ambas administraciones es sobre aspectos fiscales que palien los efectos de una crisis, con visos de continuidad. La bonificación de intereses dentro de las ayudas mínimis es una de las medidas más demandas por los ganaderos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha bonificado en dos puntos el interés pactado con las entidades financieras. La mayoría de las administraciones regionales se han apresurado a igualar la propuesta y han hecho lo propio con otro dos por ciento. Responde a una práctica habitual de reparto entre la administración nacional y la regional. Sin embargo, es frecuente que se rompa esta paridad, tal como ha sucedido en Andalucía, donde se ha bonificado en su totalidad. Pero hay otras cuestiones en el candelero que están en fase de negociación. Es la subida de un 1,5 por ciento del IVA ganadero, que depende de la administración nacional, o el debatido desacoplamiento total de las ayudas.

Sobre todas estas medidas de carácter fiscal planea la necesidad de una reestructuración global del sector ganadero que permita mantenerse a las empresas más competitivas y abandonar con condiciones satisfactorias a quien así lo decida. Quizás, cuando se negocie esta potencial reconversión, el sector deberá hacer una fuerte presión, unánime, para conseguir las mejores condiciones. En la actualidad, las diferentes administraciones han asumido el problema y actuado en consecuencia, a mayor o menor velocidad, lo que hace dudar de la eficacia del público y lícito derecho a manifestarse.