El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE ) ha hecho balance sobre la aplicación de la normativa de bienestar animal y ha presentado los datos de cumplimiento, que solo ha sido total en 10 países de los 27 que forman la UE. Además, estos países son pequeños o como mucho medianos productores de porcino. ¿Qué ha sucedido en los grandes? En Alemania, el mayor productor europeo, solo se cumple la norma en el 73 por ciento de las explotaciones. Peor que Alemania solo se encuentra Francia, el tercer gran productor, con un 28 por ciento de incumplimiento; una paradoja, si se considera que la conformación del escenario político alemán les hace ser uno de los países más puristas tanto en esta materia como en cuestiones medioambientales y de seguridad alimentaria. Sin embargo, en España, segundo de la UE y, en numerosas ocasiones objetivo mediático de los defensores de los derechos de los animales, el 96 por cierto de las explotaciones de porcino cumplen con estos requisitos. Un dato muy positivo, que pone en valor el esfuerzo del sector por aplicar unas exigencias costosas y con una dudosa justificación técnica científica, al menos, en algunas de ellas.
Pero el porcino no solo ha estado de actualidad por este motivo. Su popularidad ha crecido esta semana por haber emparentado, al igual que el vacuno, con otros cuadrúpedos, los caballos; al menos dentro de las hamburguesas. No es la primera vez ni será la última, que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia con nombres y apellidos, y publica en su web, supuestos fraudes alimentarios. Por supuesto, el sector ha vuelto a montar en cólera y a denunciar la poca fiabilidad de estos análisis. Y digo por supuesto, porque lo que a uno le parece razonable, dado que la OCU es una organización privada sin competencias científicas, administrativas ni judiciales, es que ponga los resultados de sus investigaciones y los datos recopilados en manos de los organismos creados al efecto, que los hay, tanto para la defensa de la seguridad alimentaria como para evitar el fraude alimentario. Sin duda, de seguir este procedimiento podría perder protagonismo, pero los intereses de los consumidores no se verían afectados y se evitaría el riesgo de atacar intereses empresariales sin las suficientes garantías. Es más, el consumidor se sentiría más seguro, ya que evitaría la sombra de duda que ahora puede quedar, sobre la objetividad de los informes de la OCU o la existencia de otros intereses. Es de agradecer el papel que hace la OCU de tutela, de control y de recopilación de indicios o pruebas de posibles fraudes contra el consumidor; no lo es en absoluto, la gestión que de ello hace, independientemente de que al final, lleve o no la razón.
