SECTOR DIVIDIDO POR EL VINO

Hace una semana se aprobó la reforma de la organización común del mercado del vino. Un documento mucho más suave que la propuesta inicial de Bruselas. Mantiene gran parte de los planteamientos iniciales, pero menos rígidos. Ha generado opiniones encontradas. Mientras UPA la valora de forma positiva, COAG y ASAJA consideran que es pan para hoy y hambre para mañana. En un término medio la Federación Española de Vino, con moderado optimismo. Los gobiernos regionales también difieren. La Rioja encabeza a los detractores, junto con Castilla y León y la Comunidad Valenciana. A favor se encuentran Extremadura, acompañada por Cataluña, Castilla la Mancha y Andalucía. Cómo venimos comentando hace ya más de un año la reforma de este mercado tenía el problema de lidiar con dos realidades vitivinícolas muy diferenciadas. Los vinos de calidad, encabezados por la DOC Rioja y los grandes excedentes manchegos y extremeños. Al final da la sensación que se ha apostado más por la segunda rama, pero con moderación.

Se van a liberalizar las plantaciones, pero se ha dado un plazo de diez años para su aplicación. No garantiza el control de las futuras plantaciones, pero tampoco lo impide. Sobre todo, porque es un periodo más que considerable para consolidar un modelo que frene sus potenciales efectos perniciosos. Eso sin contar con posibles prórrogas y con el tiempo necesario para las nuevas entradas en producción. Un cambio que debe ocupar a las denominaciones de origen y a sus consejos reguladores, pero no preocupar en exceso a los viticultores.

La posibilidad de etiquetado con añada y variedad es una opción bienvenida por gran parte de los consumidores. Beneficia a los vinos con reciente presencia en los mercados y no amparados en denominaciones de origen. Por supuesto, esta información va a aportar a estos vinos una imagen de mayor calidad que puede confundir al consumidor. Pero si la información es real, ¿por qué ocultarla? El problema es asegurar la veracidad de estos datos y que no haya fraude, más difícil fuera del control de los consejos reguladores. Por otro lado Bruselas se ha opuesto a la demanda española de ampliar la línea de promoción de vinos dentro del espacio europeo. Solo se va a apoyar en estados terceros, lo que frena la explotación de un mercado con gran cultura vínica, como es el europeo. No tiene sentido limitar la promoción en un espacio tan amplio como el europeo, en vez de compatibilizar ambas opciones. Va en contra de la filosofía libre mercantil del resto de las medidas. Donde también quedan más dudas es en el destino de los fondos que se detraen del sector. Deberían volver a él por la vía del desarrollo rural, pero garantizar esta redirección es complicado y difícil de creer.

Las ayudas a la destilación de crisis tenían los días contados, cuatro años en concreto. Los elevados costes que salían las arcas comunitarias para destruir lo que se había producido, tenían poca justificación. Una medida que va a obligar a reestructurar gran parte del viñedo de Castilla la Mancha y Extremadura, también parte del valenciano. Ha sido positiva la decisión de permitir la destilación de boca, aunque con presupuestos nacionales. La eliminación de las ayudas a la destilación, junto con el apoyo al arranque de 175.000 hectáreas de viñedo en toda Europa, puede producir un daño ambiental, al que habrá que buscar soluciones. España ha perdido la batalla de la chaptalización. Eliminar esta práctica permitía a España, en particular a Extremadura, dar salida a sus mostos para enriquecer con azúcar los poco graduados vinos alemanes y parte de los franceses. También encarecería parte de los caldos de esos países, con lo que nuestros vinos mejorarían su competitividad. Pero Alemania ha defendido su sector y, de paso, al remolachero, proveedor de la materia prima y en pleno periodo de reestructuración.

Es una reforma que dota de más protagonismo a los estados miembros y a las propias comunidades autónomas. Debería satisfacer a los defensores de la peligrosa nacionalización de la política agraria. Todavía no es el caso, pero da pistas. Complica, pero no amenaza el futuro de los vinos de calidad.

MÁS FERTILIZANTES

Llama la atención un informe presentado por la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que aconseja el aumento sustancial en el uso de fertilizantes en el tercer mundo. Si bien es cierto que no afecta de forma directa al sector agrario europeo, no es menos que puede tener una importante incidencia en los mercados mundiales. Si se siguen los consejos de este organismo, gran número de países del África subsahariana podrían incrementar de forma sustancial su producción. En la actualidad utilizan la décima parte de este insumo que en Asia. El efecto, doble. Contribuiría a paliar la hambruna de determinados países e incrementaría la oferta alimentaria en el mercado mundial. Ahora bien, implica una doble moral. Por un lado se limita el uso de fertilizantes en los países avanzados, muy preocupados por el medio ambiente. Por otro, se potencia su uso en estados con sistemas de control medioambiental deficitario (publicado en Norte de Castilla, Hoy de Extremadura).

ACCIDENTAL CONEJO NAVIDEÑO

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha puesto en marcha una polémica campaña para promocionar el consumo de conejo en España. Un sector en el que nuestro país mantiene un importante papel en el mercado, siendo los terceros productores después de Italia y Francia. Tenemos un consumo medio de 1,7 kilos por persona y año, y un autoconsumo por debajo de la producción. Esta situación nos convierte en exportadores netos, aunque este año se han reducido las ventas a clientes tradicionales como Francia e Italia. No obstante, este consumo no es excesivo y, por lo tanto, salta poco a los medios de comunicación. Según los datos aportados por la Organización Interprofesional Cunícula (INTERCUN), la subida del pienso en 70 euros por tonelada ha provocada un incremento en los costes de alimentación superior al 35 por ciento. En la actualidad el coste de producción del conejo es de 1,9 euros cuando hace un año rondaba los 1,6 euros. El conejo se cotiza a 1,5 euros en la mesa de referencia de Bellpuig, un nivel similar al de 1995. A esta situación del mercado de la carne hay que añadir la caída del precio de la pieles, al haberse cerrado el mercado chino. Se estiman unas pérdidas que rondan los 60 millones de euros para el total del sector, lo que traducido a una explotación media de 600 reproductoras supone unas mermas de 40.000 euros en 2007.

Se ha armado cierto revuelo que afecta a otras ganaderías muy arraigadas en esta región. Se acusa al MAPA de elegir un mal momento para promocionar esta carne, ya que no se trata de un producto navideño y perjudica a otros que sí lo son. Está claro que casi toda la ganadería de carne está pasando por una mala época. Sin duda un aumento del consumo de un tipo de carne minora el de otras. Pero esto pasa tanto en Navidad como en cualquier época del año. Es bastante improbable que este tipo de campaña sea un torpedo para carnes como el cordero o el cochinillo, porque los hábitos alimentarios, sobre todo los excepcionales, no se modifican de forma inmediata. También porque se trata de una estrategia en centros comerciales localizados y no en medios de comunicación de masas, donde el efecto es mucho más radical. Lo que sí puede tener más repercusión es la agitación que se ha organizado sobre el asunto, que ha trascendido del ámbito agrario. Un efecto no deseado por los críticos de esta campaña que, de forma involuntaria, han conseguido que en prensa, radio y televisión se hable de conejo; afortunadamente. INTERCUN y a todos los que representa estarán encantados. En cualquier caso, al margen de la valoración del modelo de campaña, cualquier esfuerzo para incrementar el consumo de nuestros productos debe ser bienvenido. Otro día les tocará a otros, aunque no sea un regalo navideño. Sin embargo, sí es cierto que el MAPA debería haber previsto la reacción de otras ganaderías, muy sensibilizadas con los cambios de consumo, y haber llegado a un entente previo (publicado en La Rioja, El Comercio, Norte de Castilla, Hoy, Sur, Ideal, La Verdad, Diario Montañés, ABC Córdoba).

FUTURO CONFUSO PARA UNA LEY COMPLEJA

Hace poco más de diez días que se aprobó en el Congreso la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, previamente rechazada en el Senado. Un síntoma de la dificultad de llegar a consenso en esta materia. Hasta ahora España ha actuado en este campo a través de los reglamentos comunitarios, adoleciendo de legislación propia. El motivo es la dificultad de articular un asunto de marcado carácter transversal. Implica la coordinación de numerosos ministerios, algo que ha complicado sobremanera la consecución de un documento final, sin consenso.

Es una apuesta importante por el medio rural y un esfuerzo que era necesario hacer. Ahora hay que definirlo mediante un Programa de Desarrollo Rural Nacional, algo que se antoja más complejo todavía. Hay que recordar que ya se han producido situaciones similares, como pasó con la Ley de Agricultura de Montaña aprobada en la década de los ochenta. El desarrollo normativo de este tipo de leyes se puede bloquear y al final quedar reducidas a un compendio de medidas voluntariosas y, en la mayoría de los casos, necesarias. Pero poner de acuerdo a numerosos ministerios y a las comunidades autónomas tiene ciertas connotaciones quiméricas. Sobre el papel, el objetivo de esta Ley incluye términos tan de moda como oportunos: Son la multifuncionalidad del medio rural, la diversificación, la mejora del bienestar, la igualdad de oportunidades, el medioambiente sostenible y el mantenimiento del sector agrario. Una ley que abarca casi todo lo que se puede acometer en zonas rurales. Es el caso de la mejora de infraestructuras, desarrollo de las comunicaciones, servicios públicos, sanidad, educación, potenciación de actividad económica no agraria, de la agraria también, consolidación cultural y patrimonial, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental y un largo etcétera.

La coordinación de la Ley y, por lo tanto, del Programa de Desarrollo que emane de la misma, corresponderá al Consejo, apoyado por la Mesa de Asociaciones. Un Consejo que va a ser el verdadero órgano ejecutivo en algunas materias y que estará formado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Deberá constituirse tres meses después de la publicación en el BOE de la Ley, que se prevé se produzca antes de final de año. La constitución y las competencias de este Consejo deben ser reguladas mediante reglamento, donde se verá su verdadera capacidad de maniobra. Por el momento es competente en la selección de criterios que definan las zonas rurales y en la elaboración de un informe sobre el Programa de Desarrollo Rural. Su composición final y el sistema de funcionamiento serán clave para valorar con más objetividad la potencial eficacia de esta norma. De ahí el recelo de determinados partidos políticos y gobiernos regionales, que temen pueda producirse injerencias en asuntos de competencia regional. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene tres meses desde la constitución del Consejo para aprobar el Programa de Desarrollo Rural. Ahí surgen las mayores dudas. Poco tiempo para poner de acuerdo tantos ministerios y gobiernos regionales, de tan distinto color político y con realidades rurales muy diferenciadas. Todo ello con unos compromisos presupuestarios regionales y locales que como poco deben igualar las aportaciones nacionales, estimadas en 500 millones de euros.

También hay que destacar que se trata de un programa transversal, lo que desde un punto de vista administrativo conlleva la imputación de partidas presupuestarias de todos los ministerios, consejerías y concejalías participantes. Será un verdadero encaje de bolillos de difícil seguimiento y control, salvo que con antelación se establezca un modelo racional y eficaz. Desde un punto de vista agrario aporta consideraciones interesantes, como el contrato territorial entre administración y titular de explotación. Además se considera empresario agrario a este efecto a aquel que obtenga la cuarta parte de sus rentas del sector primario, lo que abre un abanico de posibles beneficiarios directos vinculados al agro. En definitiva, una Ley que se aprueba y se difunde en la antesala electoral, pero cuyo enrevesado meollo no será debatido ni aprobado hasta pasadas las elecciones; si se consigue.

AMARGOR DEL AZÚCAR

El sector remolachero está sufriendo un proceso de reestructuración, síntoma de una política agraria acelerada. Unos últimos años salpicados de decisiones liberalizadoras han llevado al empresario agrario a soportar un modelo de gestión inimaginable en otros sectores. En este devenir se han olvidado, o al menos no se han priorizado, dos aspectos clave: mantener un alto nivel de independencia alimentaria y conseguir garantizar su seguridad para la salud pública. Azucarera Ebro ha hecho público su plan de reestructuración, que alcanza casi el 48 por ciento de su cuota. Junto con las otras azucareras se prevé supere el cincuenta por ciento de abandono, mínimo exigido por Bruselas para percibir los tan necesitados seis euros por tonelada. Ahora pendiente del obligado acuerdo entre ACOR y Azucarera Ebro, los remolacheros que ya han abandonado serán beneficiarios del complemento de ayuda al abandono que se aplicará con efecto retroactivo. Al final, como suele pasar, los pocos productores que quedan, sobre todo en Andalucía, porque en Castilla y León habrá más continuidad, estos agricultores continuarán hasta 2014, a ver que pasa luego. Los que han abandonado se llevan unos cuartos que completarán con otras producciones, sujetas también a muchas incertidumbres. Es el sino de la agricultura europea, necesariamente intervenida, con sus ventajas y sus inconvenientes.

AGUA SIN SAL

Han pasado más de tres años desde que el PSOE revocó el trasvase del Ebro y lo transformó en un plan de desaladoras. Se hicieron promesas en cuanto a su número, al volumen de agua desalada y a su precio. Pues hasta la fecha nada de nada. Muy pocas desaladoras, el volumen de agua muchísmo menor que el prometido y los precios disparados. Este programa dejaba demasiadas lagunillas, además bastante secas. Y mientras tanto el Ebro sigue siendo excedentario en determinadas épocas del año con superavits que deberían haber llegado a la cuenca mediterránea meridional. Que no habrían puesto en riesgo los caudales ecológicos ni productivos de este río. Llama la atención que sobre un problema tan sensible para toda España, todavía no se haya hecho un balance global. La Ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, prefiere que la polémica se mantenga en las fronteras levantinas, pero el daño ya está hecho y alguien debe rendir cuentas. El agua desalada es sin duda una buena alternativa que se debe sumar a otras, mucho más eficaces, pero no puede ser la piedra angular de la recuperación hídrica de regiones enteras. Una realidad que ha quedado constatada. Se han desvanecido más de tres años y se ha perdido la oportunidad de incorporar un importante valor añadido a la economía española. No hay que olvidar el relevante peso que tiene la huerta valenciana, murciana y del levante andaluz en el PIB nacional y en nuestro balance exterior. Sería un mal menor si en la nueva legislatura, sea de un color u otro, se liberaran ciertas esclavitudes políticas y se volviera a potenciar un proyecto que nunca debió ser derogado, el trasvase del Ebro. Más vale tarde que nunca.

LIGERO FRENO AL PESIMISMO GANADERO

En lo que respecta a la ganadería, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el sector agrario han llegado a un compromiso para paliar la crisis actual. Ha actuado con una diligencia que ahora debe quedar plasmada en el cumplimiento de los acuerdos adoptados, a pesar de que importantes diferencias en la valoración de las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Se ha establecido un reparto financiado de derechos de prima de ovino y caprino, promoción de producciones de calidad, fomento del ganado autóctono, programas de conservación, selección de razas ganaderas, programas sanitarios y de trazabilidad de la producción. A corto y medio plazo destaca la bonificación de intereses y de avales. Estas últimas medidas deberán ser acordadas con el Ministerio de Economía, ya que no son competencia de la cartera agraria. Destaca la extensión de estos acuerdos al vacuno y porcino. Ha habido discrepancias, pero al final las tres organizaciones profesionales han decidido aplazar la gran manifestación nacional. Decisión sensata.

En el caso del porcino se intuyen cambios de tendencias, aunque ligeros. El Presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (ANAPORC), José Manuel Sánchez Vizcaíno, ha estimado que para abril de 2008 mejorará el mercado. Una previsión motivada por la caída del precio del pienso y la reducción de la oferta. La oferta se va a ver reducida como consecuencia de la desaparición de parte del sector en Europa y la posibilidad de exportar con restituciones. La bajada del precio de los cereales es una hipótesis que cada vez se extiende más pero que todavía tiene muchos flecos. Depende en gran medida de la continuidad en el tirón del consumo de los países asiáticos, no tanto del incremento de la producción en la Unión Europea. Las importaciones siguen estando limitadas por el ralentí transgénico. La eliminación de aranceles a la importación de cereal va a tener un efecto poco significativo dado el alto precio al que ya entra y la escasez actual en el mercado internacional. Mientras tanto, España sigue teniendo los precios de porcino más bajos de Europa a 0,89 euros el kilo de canal, con una cierta recuperación de las cotizaciones dada la reducción de la oferta, también en el mercado de los lechones. (Publicado todo o parte en Norte de Castilla, Hoy, La Rioja, El Comercio, Diario Montañés, Sur, Ideal, ABC, La Voz)