viernes, 23 de enero de 2009

GUERRA DE MÁRGENES Y ANIMALES CON GPS


El Consejo de Ministros de Agricultura celebrado el pasado lunes abordó el tema de los precios en la cadena alimentaria, uno de los asuntos que más preocupan al escalón productor y al consumidor. Se presentó una hoja de ruta para mejorar su funcionamiento. En definitiva, se propone controlar los márgenes de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. El llamativo diferencial que existe entre el precio en origen y en destino en numerosos productos, es síntoma de un sistema quizás adulterado. En los últimos años el consumidor ha comenzado a ser sensible a este problema, pero no por solidaridad con los agricultores y ganaderos, sino porque el precio del producto en destino ha supuesto un encarecimiento que afecta a sus bolsillos. Comprensible, dadas las deficientes estrategias de comunicación del sector primario. Esta subida, unida a un sostenimiento de precios en origen e incluso a caídas en numerosos casos, ha sido el catalizador de esta preocupación social y, por tanto, política.

Pero no todo está claro. En primer lugar, el margen global de la cadena no es en sí mismo concluyente. Depende de los diferentes escalones que existen dentro de cada proceso de producción, transformación, almacenaje, distribución y comercialización. En segundo lugar, un alto margen de beneficios en un mercado libre, sin monopolios ni oligopolios, no es punible, ya que el propio mercado debería regularlo. Dicho esto, sí es cierto que en determinados casos se pueden producir pactos especulativos no escritos cuyo efecto es el encarecimiento de los alimentos. Es en estos acuerdos que conculcan las leyes de la competencia, sobre los que se debe investigar y sancionar. En este sentido, un análisis en profundidad que ayude a detectar estas anomalías económicas y, en consecuencia, destapar estas prácticas, puede ser un buen instrumento que beneficiará a productores y consumidores. En cualquier caso, una herramienta que, de una vez por todas, debe aclarar, en un sentido u otro el funcionamiento del precio agrario y alimentario.

Otros asuntos preocupan en Bruselas. Por ejemplo, el bienestar animal. Son numerosas las normas que obligan a ganaderos, transportistas y salas de sacrificio a velar por la calidad de vida y muerte de los animales con destino alimentario y no alimentario. Obligaciones que, por cierto, incrementan, en muchos casos de forma innecesaria, el precio de las carnes. Ahora este exceso de celo ha llevado a retomar el seguimiento del movimiento de cada animal mediante un sistema de posición georeferenciado, un GPS. En sí mismo no es una nueva norma de bienestar, sino una medida de control del cumplimiento de las que ya existen. Lo único que habrá que considerar si prospera esta idea es, quién lo paga.

PESTICIDAS CON RETRANCA


Hace escasas semanas el Parlamento Europeo aprobó la futura norma que restringirá el uso de determinados fitosanitarios, en particular pesticidas. Los dos grandes bloques de los que se ocupa son la autorización y su utilización. Ahora sólo queda el trámite de ser ratificado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. La fuerte oposición de todo el sector productor e industrial ha permitido suavizar el contenido de esta futura regulación, lo que no va a evitar un cambio en el funcionamiento de las explotaciones, al menos en las labores sanitarias con las plantas.

El gobierno español considera satisfactorio el documento, ya que se va aplicar de forma escalonada hasta 2015. Según el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM) va a permitir al sector encontrar nuevas sustancias activas viables. El asunto no está tan claro. Por un lado son solo cinco años, y en la actualidad el periodo medio de puesta en mercado de un producto fitosanitario es de nueve. Además hay productos sobre los que se llevaba años trabajando que ya no serán viables. Sin duda es una regulación menos dañina que la disparatada propuesta anterior. No obstante, ningún gobierno como el español, donde se encuentra la gran despensa hortofrutícola europea, con todo lo que ello conlleva para nuestra economía, debería mostrarse satisfecho por una decisión que nos perjudica.

Todo esto llega en un momento donde la pendiente de producción de alimentos debe crecer de forma exponencial. Se estima que en los próximos veinticinco años se duplicará el volumen de alimentos respecto a los obtenidos en los últimos 10.000 años. Esto no es óbice para aplicar estrictos mecanismos de control que protejan la salud pública y el medioambiente, pero sin menoscabar el derecho y la obligación de dotarnos de un bien de consumo imprescindible. Hay que recordar que en la actualidad la regulación europea es la más estricta del globo y establece tres límites que son inviolables. Se trata del límite máximo de residuos (LMR) en el fruto o parte comestible de la planta, lo que controla la adecuada aplicación del producto. También la ingesta diaria admisible (IDA), que mide la cantidad que puede consumirse diariamente durante toda la vida de una persona sin riesgo para la salud. En tercer lugar, pero no menos importante, la dosis de referencia aguda (DrfA), que referencia la cantidad máxima de residuos que se puede asimilar en una comida sin menoscabo de la salud del comensal. Además, se considera el sistema de control de productos químicos más estricto de toda la Unión Europea, como lo demuestra que solo entra en el mercado una sustancia de cada 139.000. El resto no llegan a superar la fase de desarrollo. Con la garantía que ofrecen estos sistemas, sería un disparate poner en riesgo o perjudicar a una agricultura que ofrece cada vez más variedad de frutas y hortalizas en todas las épocas del año. Un importante logro, a veces no valorado.

Hay que considerar que una reducción de la productividad como la que se planteó podría conducirnos a rendimientos muy bajos. Si se toma como referencia los de mediados del siglo XX, implicaría multiplicar por tres la superficie de cultivo para mantener la capacidad de producción alimentaria actual. Este hecho supondría un drama ambiental, sobre todo en economías menos desarrolladas, con mecanismos de control ambiental y sanitario mucho más laxos.

Por supuesto, un fitosanitario, igual que una medicina, puede ser mal utilizado. Mientras que en el caso de la medicina es daño propio, en el caso de los fitosanitarios es al medioambiente, por lo que debe y es perseguido como delito. La obligatoriedad de disponer del carné de manipulador de productos fitosanitarios, da una garantía de conocimiento cuya eficacia, como con otros carnés, depende de la responsabilidad del titular.

lunes, 5 de enero de 2009

QUERIDOS REYES MAGROS


Nos acostamos pronto, nerviosos, pero con la seguridad de que al día siguiente, detrás de la insondable puerta del salón, encontraríamos todo tipo de maravillas. Unas esperadas, otras no; piezas de momentos inolvidables, de mágicos instantes.

Una mano inocente abre la puerta. Ojos perplejos. El gobierno regional, junto con el nacional y el resto de las comunidades autónomas han puesto en marcha una estrategia global de sensibilización sobre el valor estratégico del sector agrario y alimentario. Diferentes espacios abiertos en medios de comunicación han permitido a la clase política, por primera vez, explicar a los ciudadanos el valor de nuestra alimentación y su producción. Todo ello con un mensaje único, alejado de intereses partidistas y, por tanto, claro. Las organizaciones profesionales agrarias ya no hablan de los problemas del sector, sino que dedican estos recursos a trabajar con la población no agraria, asesorando sobre los alimentos y productos que adquieren los consumidores. La población empieza a entender el importante papel que desempeña nuestro agro y el gran esfuerzo que hacen, no solo para obtener alimentos, sino por minimizar y retornar el indispensable consumo de recursos naturales. Ante esto, de forma espontánea y solidaria, se empieza a elegir el producto español en la cesta de la compra, como elemento diferencial. Los precios son estables. Se ha notado en muchos sectores, por ejemplo el ovino, que ahora se defiende de carnes de países anglosajones. Además, la reducción del número de explotaciones y el desacoplamiento total han favorecido la reestructuración del sector.

Un acuerdo global ha permitido tomar la batuta a las organizaciones interprofesionales, que por fin han podido aclarar los diferenciales de precios de origen a mesa. En algunos casos, hubo que sacar los colores a algunos agentes económicos, pero una vez conocido el punto débil de cada cadena, el sentido común del consumidor se ha encargado de volver a meterlos en el redil.

El agua fluye entre diferentes cuencas, sin problemas. Los que la ceden obtiene buenos réditos por su venta, con la garantía de autoconsumo mínimo. Los que la adquieren, han podido incrementar las producciones y sus márgenes empresariales. Parte de estos beneficios se ha reinvertido en el territorio. Ha aumentado la superficie agroforestal de frutales, lo que ha supuesto un acicate para la lucha contra la desertificación, entre otros importantes efectos medioambientales. El tejido socioeconómico derivado se ha fortalecido.

Con este apoyo popular, sosegado pero convencido, el gobierno se ha atrevido a poner en marcha medidas de apoyo fiscal al sector. Han reducido su tarifa eléctrica, han bonificado el precio del combustible agrario, fijando un valor máximo de aceptabilidad. Ahora, el gobierno ha adoptado una posición firme en Bruselas, y no permite acuerdos que vayan en contra de las producciones incluidas dentro de la llamada Dieta Mediterránea. De ahí los importantes esfuerzos económicos y diplomáticos realizados, para que fuera clasificada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Recogemos los frutos. Francia mira con envidia a su vecino del sur, capaz de poner en jaque decisiones comunitarias de alto calado. También la nueva forma de enfocar las relaciones bilaterales ha obligado al gobierno galo a mover sus hilos para solucionar el problema de los excesos de leche francesa que torpedeaban el mercado español. Marruecos se lo piensa dos veces antes de jugar con los acuerdo preferenciales y ha orientado fuertes partidas presupuestarias a I+D para desarrollar productos y variedades menos competitivas con la fortalecida huerta española.

El precio del Ibérico se ha recuperado. Por un lado, el consumidor no se deja dar gato por liebre. Ha aprendido a distinguir y comprar la gran variedad de productos ofertados, en función de los modelos de explotación. El ibérico de cebo ha abierto nuevos mercados internacionales, lo que ha favorecido la reducción de oferta interior y recuperar los precios. El porcino de capa blanca continúa firme, una vez regulada la oferta y con unos piensos más baratos. El motivo no es otro que el desarrollo de la agricultura transgénica, ha permitido desarrollar formulas a partir de materia prima más económica. Los agricultores también se han beneficiado de nuevas variedades, incluso para un mercado de biocarburantes autóctono, fortalecido por este desarrollo tecnológico. Los colectivos más escépticos han aceptado la coexistencia viable de diferentes modelos agrarios. De hecho la agricultura ecológica ha dado un paso de gigante, consolidando las producciones y desarrollando el consumo interior de forma acelerada.

¿Nos habremos portado mal? Los Reyes, erre que erre, fueron Magros. De todo lo deseado nada nos trajeron. Al menos, hemos soñado con un día que, tal vez, en un futuro sea real; eso sí, hará falta una buena dosis de magia egregia.