Trampas en el aceite de oliva

Hace un par de semanas nos hacíamos eco de lo que calificamos como una maniobra comercial de dudosa ética. Me refiero a las conclusiones de un estudio de la Universidad de Davis en el que ponía a caldo los aceites españoles y afirmaba con no eran lo que decían ser. Quedó aparentemente claro tras hablar con el sector que los métodos y las muestras utilizadas no eran adecuadas ni siquiera estaban homologadas. ¿A quién beneficiaba todo esto? Pues a los que estaban detrás del estudio, que no eran otros que los productores de aceite de oliva de EEUU, muy pocos, eso sí, y acorralados en precio y volumen por el aceite español. En fin, pusimos el grito en el cielo, como no podía ser menos.

Pero ahora nos han hecho dudar y de qué manera. Resulta que las investigaciones de la Junta de Andalucía han detectado que una proporción importante de los aceites de oliva virgen extra son mezclas con aceites de oliva refinados. Así lo han constatado en el 50 por ciento de las inspecciones que se han realizado. Este nivel de fraude es muy difícil que pase desapercibido para los profesionales del sector y para las organizaciones que lo controlan. Por un lado está muy bien y hay que aplaudir que se hayan detectado, pero no deja de preocupar que exista una presunta estafa de esta envergadura en un producto tan significativo para nuestra imagen y para nuestra economía como es el aceite. Un tema que urge aclarar y que debe hacer pensar al sector.

Los americanos nos sacaron los colores, no les creímos, creímos al potente, emblemático y señorial sector industrial español. Ahora vuelve a sonar el río, y por tanto ya lo dice el dicho, agua debe de llevar.

Habrá PAC, ¿pero cuál?

El primer documento de trabajo sobre la futura Política Agraria Común (PAC) ya ha sido puesto sobre la mesa. Se marcan las grandes intenciones y se establecen algunas alternativas, aunque se decanta de manera clara por la modificación del sistema de pagos basado en una ayuda base y complementos. Un embrión de la futura PAC sin presupuesto, lo que todavía limita mucho más su valoración.

Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.

Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.

También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.

En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.

No todo vale en el comercio

Las batallas comerciales entre diferentes países han llevado de forma recurrente a la aprobación para las importaciones de medidas restrictivas de dudosa legalidad, basadas en supuestos riesgos sanitarios o veterinarios. Hay otras acciones todavía más dañinas que son acometidas por organizaciones privadas en defensa de sus propios sectores. El caso más reciente lo encontramos en Estados Unidos, donde la Universidad de Davis en California ha elaborado un informe en el que ponen en entredicho la calidad de los aceites de oliva virgen extra de nuestro país. El sector español se ha apresurado a rebatir estos argumentos, con datos tan contundentes como que los procedimientos de análisis no están homologados por el Comité Oleícola Internacional, que las muestras se tomaron en muy escasos puntos de venta o que el producto analizado llevaba varios meses en los lineales.

Por un lado, igual que sucedió en el caso del vino, en Estados Unidos hacen caso omiso de las organizaciones internacionales, cuando sus posiciones no concuerdan con sus intereses. Por otro lado, no solo se defiende el pequeño sector olivarero estadounidense a costa del español, sino que se da pié a que otros países productores como los del cono sur, se acojan a esta coyuntura para frenar las exportaciones españolas a su mercado. Hay que recordar que el mercado exterior del aceite español ha crecido año tras año hasta alcanzar las 790.000 toneladas en 2009/2010.

Se trata en todo caso de una situación preocupante en la que España, como gran potencia olivarera, debe actuar con contundencia y buscar el apoyo de otros Estados y organizaciones, e incluso de la propia Unión Europea, para que el propio gobierno estadounidense aclare el tema y limpie la imagen de este producto.

Comisión nacional de competencia

Uno de los retos inmediatos con los que se debería enfrentar la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, es la coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia, que mira con lupa al agro. Tanto es así que diversas organizaciones sectoriales ya ni se atreven a desarrollar acciones de fuste para desarrollar sus mercados. Independientemente de la justificación jurídica que avale las opiniones y decisiones de la CNC y el acierto de algunas o de todas ellas, la realidad es que existen importantes contrasentidos con las decisiones adoptadas por el MARM para apoyar la consolidación de, por ejemplo, las organizaciones interprofesionales. Las decisiones de la CNC les sancionan de forma recurrente por desarrollar las funciones para las que se han creado; por cierto, apoyadas con presupuesto público.

Mientras tanto, dos circunstancias muestran que las cosas se pueden hacer de otra manera. El ejecutivo comunitario estudia proponer una adaptación de las normas europeas que permitan a los ganaderos unirse para negociar de forma conjunta con las industrias lácteas mejores precios por su producción de leche. Y, por otro lado, en Francia, su Ministro de Agricultura ha anunciado que contarán con contratos entre los agricultores y los compradores, con métodos de determinación de los precios, en el sector lácteo y el de frutas y hortalizas. En resumen, en España la CNC frena acuerdos intersectoriales y acciones de regulación de mercados. Mientras tanto la Comisión en Bruselas estudia facilitarlas y países como Francia ya las avalan. Alguien tendrá que aclara este gran caos.

Proteína Vegetal

La obtención de proteína para la alimentación animal es uno de los condicionantes más sensibles del sector de ganadero ya que supone una fuerte dependencia de Estados terceros. La prohibición de utilizar harinas de origen animal para la elaboración de piensos ha reforzado la dependencia de la soja como origen de la imprescindible proteína para los alimentos de nuestro ganado. El freno a determinadas biotecnologías ya implantadas en los grandes productores agrícolas del mundo como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Canadá, etc., ha supuesto una importante atadura comercial que, unida a las estrictas limitaciones a la importación de semillas transgénicas, suponen un amenaza para nuestro abastecimiento alimentario o, al menos, para la estabilidad de su mercado y de sus precios.

Los equipos técnicos de la Comisión trabajan para dar una solución al modelo de tolerancia cero que existe en la actualidad para las importaciones de semillas. Ahora la Comisión intenta que se admitan trazas en el caso de aquellas semillas cuya modificación genética ya haya recibido la opinión favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), aunque todavía no se haya producido la resolución oficial en el siempre complejo y maniatado proceso de autorización. Un proyecto que de salir adelante sería un paso para la normalización de la industria de los piensos y en consecuencia del propio sector ganadero. Sin embargo, lo coherente sería que las trazas fueran aceptadas también si la semilla hubiera sido autorizada por un organismo o autoridad científica acreditada y de reconocido prestigio, aunque no sea europeo. También reducirá la dependencia de la soja el demandado y ya probable levantamiento parcial de la prohibición de uso de harinas animales, impuesta a partir de la crisis de las vacas locas.