CHEQUEO MÉDICO CON PRISAS

Si hay una organización que se caracteriza por ir a piñón fijo en su toma de decisiones, es la Comisión. Solo hay que recordar las prisas, concesiones y medidas liberalizadoras de la Unión Europea, en temas agrarios, dentro de la ronda de Doha, en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Al final, fueron poco provechosas, ya que ni siquiera se han cerrado estas negociaciones.

Ahora, en plena crisis económica, rodeados de incertidumbres internacionales y con muchas variables fuera de control, Bruselas sigue adelante. Un acuerdo hecho sin prisas, que no se ha sabido posponer a tiempo y sobre el que todavía hay que hacer muchas cuentas. Algunas de las reformas que se van a acometer son necesarias, pero el momento elegido es el menos adecuado. La Comisión no debería ser un mastodonte con inercia irrefrenable.

La modulación sube al diez por ciento, cinco puntos más que en la actualidad; una minoración de ayudas agrarias, justo ahora, difícil de entender. Aunque su aplicación no es inmediata, sino progresiva, puede tener un efecto en los mercados, contrario a la reactivación, que se supone objetivo prioritario en la economía actual.

El incremento de cuota láctea en un uno por ciento anual va a favorecer el aumento de oferta. Es la mitad de lo previsto por la Comisión y se han pactado revisiones posteriores; lo menos malo. El aumento de producción en España sería deseable, como país deficitario, si no se produjera un aumento proporcional en otros estados. En definitiva, si no se controlan los excedentes productivos de otros países que inundan el mercado español, este incremento de cuota generará mayores tensiones. Puede beneficiar a empresas mejor dimensionadas que serán capaces de adaptar sus estructuras productivas para un mercado libre, siempre que soporten la caída de precio. A medio plazo se puede sufrir una cierta pérdida de explotaciones, lo que reduciría la oferta global.

Respecto al desacoplamiento, continúa con medias tintas, lo que no deja contento a nadie. Por un lado no permite el abandono definitivo de la actividad a los menos competitivos, lo que ralentiza la autorregulación del mercado. Sin embargo, se evita un problema socioeconómico importante en determinadas zonas y para determinados subsectores. Un conflicto que queda latente.

Los intereses españoles pasaban por una menor modulación, un aplazamiento en las decisiones lácteas, una apuesta más firme por el desacoplamiento e incluso una prórroga del sistema actual para el tabaco, que tampoco se ha conseguido. En ese sentido, los resultados no han sido satisfactorios. No lo fueron hace una semana, con la desaparición de gran parte de las normas de calidad de frutas y hortalizas, y tampoco se ha frenado la futura y traumática norma para suprimir principios activos contra plagas. Demasiadas batallas perdidas.

PEPINOS CURVOS

La Comisión ha aprobado la supresión de normas de calidad para frutas y hortalizas. Este acuerdo, sin vuelta atrás, tiene dos colectivos que se van a ver directamente afectados: los productores y, en no menor medida, los consumidores. Afectará a dieciocho de los veintiséis cultivos sujetos a norma; en concreto a calabacines, aguacates, coles de Bruselas, coliflores, zanahorias, puerros, cerezas, berenjenas, alcachofas, albaricoques, espárragos, ajos, melones, sandias, cebollas, pepinos, ciruelas y espinacas. Representan el 25 por ciento del valor mercado hortofrutícola europeo. Los diez restantes suponen el 75 por ciento del valor y corresponden a cítricos, tomates, lechugas, manzanas, kiwis, melocotones, peras, fresas, uvas de mesa y pimientos dulces.

Estas normas de calidad fueron puestas en marcha por la Comisión, pero promovidas por los propios productores. El objetivo fue mejorar la renta del sector mediante una apuesta por la diferenciación en calidad e imagen. Se trata de sistemas de control individualizados, con los que se han comercializado productos con calibres homogéneos, sin taras, con contenidos mínimos de azúcar y suficiente nivel de madurez, entre otros aspectos.

La cuestión es ¿por qué la Comisión ha dado este paso atrás en pleno siglo XXI, con un mercado alimentario europeo que pretende acercarse a la excelencia? Si atendemos a las explicaciones que ha dado la Comisaria de Agricultura, Marianne Fischer, el primer motivo es bajar precios en destino y el segundo, simplificar y abaratar la gestión de la administración europea.

El segundo de ellos es un argumento falaz, de cara a la galería. Aunque uno de los objetivos prioritarios de la política europea es la reducción de costes, no se debe conseguir a costa de la calidad. Si éste fuera un criterio condicionante, tendríamos que reducir casi toda la estructura administrativa europea, que en último término existe para velar por nuestra calidad de vida, que también implica la calidad de productos y servicios.

El primer motivo es más controvertido. ¿Debemos eliminar sistemas de control de calidad para conseguir una cesta de la compra más barata? o ¿debemos mantener nuestros estándares de calidad y conseguir solucionar la crisis macroeconómica aplicando soluciones acordes con el problema? Si se elimina un filtro previo que realiza el propio sector, de acuerdo a criterios objetivos, y se deja la decisión en manos del consumidor, se llega a una situación extrema, que aplicada a todos los sectores podría generar un importante desbarajuste de consumo.

Otro factor sintomático de esta anacrónica y recesiva decisión, son los dieciséis estados miembros que han votado en contra. Por supuesto se trata de países, en su mayoría, productores de frutas y hortalizas; pero ¿estos gobiernos defienden al sector agrario antes que al consumidor? No es probable. Además, los productores europeos tendrán que empezar a competir con toda la producción residual de las huertas de todos los países del mundo; eso sí, con nuestros costes extra de carácter ambiental y social, a los que, por supuesto, no queremos renunciar.

EL HIJO PRÓDIGO

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) prevé que el Real Decreto de aplicación de la nueva organización común del mercado del vino sea aprobada antes de final de año. Se han dormido en los laureles, ya que ha pasado una campaña sin que productores, cooperativas ni industriales conozcan el marco jurídico concreto de actuación. El motivo, que no la justificación de este retraso, es la enorme dificultad en lidiar modelos de producción y de comercialización muy diferentes.

Recuerda esta historia a la conocida y bíblica parábola del hijo pródigo. Parte del sector vitivinícola, el perteneciente a la DOC Rioja y a buena parte del Castellano y Leonés, ha hecho bien sus deberes y ha trabajado por la calidad, aprovechando de forma eficaz los recursos públicos. Otras regiones, como Castilla la Mancha, han dedicado los recursos a incrementar sin control los volúmenes de producción. Las ayudas a la reestructuración, ideadas para mejorar las calidades, pero no para disparar las producciones y su costosa destilación. Ahora, el padre de la criatura se encuentra en la obligación de volver a solucionar la papeleta al hijo, con importantes dotaciones presupuestarias para arranque de viñedo.

Otra cuestión es la liberalización de plantaciones. A nadie le gusta, ya que se han hecho importantes inversiones en adquisición de derechos. Pero el mercado evoluciona, no es estático y las reglas hay que adaptarlas. Un preaviso de diez años hasta su aplicación es más que razonable para que no suponga un daño irreparable, con el control de los consejos reguladores.

Quizás las nuevas responsabilidades ambientales y los nuevos enanos que le han crecido al circo del MARM sean parte de su actual despiste. Por ejemplo, el fracaso en el tema del tabaco, su incapacidad para desbloquear el mercado de transgénicos, su mala defensa del sector de los fitosanitarios, su posicionamiento en tierra de nadie en el sector lácteo, la batalla nunca ganada con la horticultura marroquí, el falso enroque en el tema del agua levantina e incluso su agotada política de comunicación.

ORGANISMOS POLITICAMENTE MODIFICADOS

Los frenos que se ponen al sector productor, comercializador y consumidor de semillas transgénicas, a veces rozan el surrealismo de la tecnocracia política. Ahora llama la atención el esfuerzo que está haciendo Francia para poner más trabas a los ya de por sí bastante zancadilleados organismos genéticamente modificados (OGMs). No sería demasiado importante lo que sucede en el país vecino, si no fuera porque ejercen la presidencia de la UE y quieren que Bruselas apruebe un singular documento sobre OGMs antes de final de año. Empieza dicho informe alarmando sobre las interacciones de estas plantas con los ecosistemas, y sus imprevisibles consecuencias. Es preocupante que Francia ponga sobre la mesa esta imprevisión tras casi quince años de cultivos transgénicos por todo el mundo. ¿Está poniendo sobre la mesa la incompetencia de las entidades especializadas de la UE para analizar de forma empírica el pasado, el presente y velar por nuestro bienestar en el futuro? Por supuesto que no. Es más bien un argumento de fundamento político que responde al intento de suavizar las presiones de determinados grupos ecologistas franceses. Para muestra un botón. El pasado mes de febrero Francia prohibió la siembra de maíz transgénico en base al principio de salvaguardia y precaución. Ahora la Agencia Europea de Seguridad de los Alimentos (AESA) ha emitido un informe en el que afirman que ninguno de los argumentos aducidos tiene justificación técnica o científica, algo que, por otro lado, era bien conocido.

Pero en este informe no preocupa solo la introducción. Se demanda un refuerzo de la evaluación científica sobre sus efectos en el medioambiente y la necesidad de definir criterios socioeconómicos y agronómicos antes de las autorizaciones. Vuelta a lo mismo. Todo eso estaba muy bien hace quince años, pero ya se ha superado. La UE dispone del sistema más exhaustivo de todo el mundo para el control y autorización de semillas transgénicas. De hecho, en la UE solo se cultiva un exiguo 0,08 por ciento de la producción mundial. Por eso, estas peticiones francesas suenan a broma, si no fuera por el perjuicio que generan a muchas economías agrarias europeas, que no pueden competir en igualdad de condiciones con otros modelos productivos de Estados terceros.

También es peligroso el nuevo espacio que quieren abrir a la protección de territorios. Hasta la fecha, más de 170 regiones europeas y muchas más entidades locales se han declarado libres de transgénicos. Es decir, un brindis al sol, ya que no implica ninguna prohibición, sino una declaración de algo obvio, que se ya se da sin proponérselo. Normal, el único cultivo autorizado es una variedad de maíz modificada contra una plaga que solo ataca en determinadas zonas. Son decisiones políticas que permiten quedar muy bien con todos los detractores, sin que haya ningún perjuicio económico para nadie. Ahora bien, la prohibición territorial sería una vía abierta cuyo límite no queda claro, por tanto, susceptible de uso político. Si un cultivo está autorizado en la UE, ¿se puede llegar a prohibir en un territorio? No, si desde un punto de vista científico se ha demostrado que no tiene efectos negativos para el medio natural. Si lo tuviera, sería del propio cultivo, por lo que debería prohibirse el cultivo en su totalidad, transgénico o no.

Entre tanto, tal como recoge Agroeuropa, la Secretaria General de Medio Rural, Alicia Villauriz, ha resaltado el nuevo valor estratégico de la agricultura y la alimentación. También incide, igual que ha hecho Sarkozy en innumerables ocasiones, en el fortalecimiento de la idea de autoabastecimiento y seguridad alimentaria. Pero para hacer acción de estos principios hay que tomar decisiones que no dejan indiferentes. Salvando las diferencias, el tratamiento que se da en Bruselas, a los cultivos modificados genéticamente, a los fitosanitarios y a las normas de bienestar animal, responden a un posicionamiento político que poco tiene que ver con criterios técnicos y ambientales objetivos, y que van en contra de esta tan cacareada posición hispano francesa. Otro ejemplo nacional es el freno puesto al agua por el gobierno español, que afecta a la mayor despensa hortofrutícola europea, ubicada en la costa levantina y murciana. Porque hay parecer la mujer del Cesar, pero primero hay que serlo.

ALGUNOS ASUNTOS GANADEROS

la lengua azul mantiene en tensión a buena parte del sector ganadero. El anuncio del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM) de declarar zona restringida a todo el territorio nacional, a excepción de Baleares y Canarias, es un síntoma del rápido avance de esta enfermedad. La consecuencia inmediata será la obligatoriedad de vacunación. Una vez vacunados habrá libertad de movimiento para animales mayores de cuatro meses. También podrán circular sin vacunar si proceden de animales vacunados, siempre que no superen esta edad. Aunque el serotipo dominante es el 1, la aparición de 12 casos de serotipo 8 ha llevado al MARM a forzar la vacunación contra ambos. Del serotipo 1, mucho más extendido, ya se han detectado más de 1.390 focos. Una enfermedad que va con altibajos, inocua para el consumidor, pero que hace mucho daños a los ganaderos. Bruselas decia que era imposible erradicarla, pero va a aportar un importante montante para tratar de conseguirlo. En España, sobre el papel y dados los antecedentes, si se cree posible su eliminacion. Pero visto lo visto, no sera este año.

El sector del porcino también se mueve, como en el caso de los cereales, dentro de un contexto multifactorial lleno de altibajos. Estas últimas semanas mantiene bajas cotizaciones, aunque el balance global del último año es favorable, con incremento previsto en la cotización al cierre del año superior al veintitrés por ciento respecto a 2007, y de más del once por ciento si se comparan los dos primeros trimestres de 2008 y el estimado por la Comisión para 2009. Si a esto le añadimos la inminente bajada de los piensos y la disminución de la oferta por cierre de explotaciones, puede que finales de 2008 y primer semestre de 2009 no sean un mal periodo para un sector que viene de sufrir fuertes tensiones.

Otro asunto ganadero son las exigentes y, en algunos aspectos, exageradas normas de bienestar animal durante el transporte. La administración española ha sido flexible en su control, algo que agradece el sector, dada su difícil y costosa aplicación. Pero Bruselas no se anda con chiquitas y ha abierto un expediente sancionador contra España por deficiencias en la aplicación de la nueva legislación y en su control y sanción. Habrá que estar atentos a la evolución de este procedimiento y, sobre todo, a sus efectos sobre los ganaderos y transportistas.

SIEMBRA DE DUDAS

Como todos los años por estas fechas, los agricultores tienen que tomar la decisión de sembrar el cereal para esta campaña. En los últimos años se han elevado de forma considerable los costes de explotación, en particular los combustibles y los fertilizantes. Sin embargo, su alta cotización favoreció un aumento de la superficie cultivada, no solo en España, sino a nivel mundial. Pero como suele suceder en los mercados agrarios, la sinusoide de la oferta tiende a marcar altibajos en los precios de venta. En los últimos meses los precios de casi todo el cereal han caído, y el empresario agrario echa números porque para muchos, las cuentas ya no salen. Además, la variabilidad de una meteorología que cada vez da más sorpresas, imposibilita depositar la confianza en la obtención de unos buenos rendimientos. Pero no solo la abundante oferta ha hecho caer los precios, también la disminución de la demanda. No se puede achacar a un solo factor la caída de las operaciones de compra, aunque destaca la disminución de la cabaña ganadera española y europea, como consecuencia del desequilibrio en los flujos de caja que se ha producido en casi el total de las empresas ganaderas, sobre todo las que se gestionan en intensivo.

En resumen, un proceso encadenado. Los altos precios del cereal de anteriores campañas dispararon el precio de los piensos, que todavía se resisten a bajar, aunque ya se empieza a notar su caída. Estos nuevos incrementos en el valor de un input, que supera las dos terceras partes de los costes ganaderos, ha obligado a cerrar a numerosas explotaciones poco dimensionadas o desestructuradas. El cierre de estas explotaciones reduce la demanda de cereal, cuyos precios, presionados también por una sobre oferta, empiezan a caer.

El nuevo escenario viene marcado por unos precios de cereal más bajos, unos costes de combustibles algo menores y con ligera tendencia a la baja. Los costes de fertilizantes continúan muy altos aunque la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (ACEFER) ha anunciado que se han estabilizado y pueden comenzar a bajar; algo que también sucede en el caso de los piensos. A esto hay que añadir un sector ganadero más reducido. Por otro, lado la puesta en marcha de aranceles a la importación, que también debe constreñir la oferta, puede ser un último factor que condicione la nada fácil decisión de siembra de los agricultores. En general se prevé una disminución de superficie sembrada, lo que permitiría obtener buenos rendimientos económicos, siempre que el tiempo acompañe. Pero hace falta asumir un riesgo, porque a pesar de que la función de costes empieza a invertir su pendiente, sigue siendo necesario disponer de un buen músculo financiero, escaso en muchas explotaciones.

MENUDO BOLO

El gobierno español, a través del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino, y con anterioridad el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha dedicado importantes recursos para la identificación electrónica de millones de animales de producción. Un proceso que se ha ejecutado desde las comunidades autónomas. Dentro de las alternativas que dio la Unión Europea, España apostó fuerte por la identificación electrónica, en particular por la implantación del bolo ruminal. Para ello constituyó un Comité Español de Identificación Electrónica de los Animales. España, al igual que Italia, decidió aplicar un sistema moderno que, a priori, mejoraba la transparencia del sector y su trazabilidad; a pesar de que en sus primeros estadios no estuvo fino. La identificación se realizó a buen ritmo en casi todas las regiones. Pero fuera de España y, salvo algunas excepciones, hubo mucho escepticismo, por lo que se paralizó su puesta en marcha. Ante esta situación y dada la presión de algunos estados, sobre todo Reino Unido, la Comisión se vio obligada a aplazar la obligatoriedad de identificación electrónica hasta el uno de enero de 2010.

Se han producido problemas en la implantación del bolo ruminal en ganado menor, sobre todo en caprino, algo menos en ovino. Uno de los motivos fue el tamaño exagerado de los primeros bolos de cerámica, que no son menudos. Un bolo, de acuerdo con una de las acepciones de la Real Academia Española, es una píldora más grande que la ordinaria. No queda duda que el bolo ruminal, entre 6,5 y 7,5 centímetros, lo es. Un tamaño que fue reducido con posterioridad para evitar el rechazo o muerte de reses. En la actualidad y, si la implantación se produce de forma adecuada, el sistema es seguro y puede durar toda la vida. A pesar de todo, parte del sector se ha quejado de forma reiterada por su puesta en marcha, sobre todo en otras regiones como Andalucía, donde se han producido pérdidas recientes de ganado. Una situación que, dados los medios empleados, debería haberse evitado o minimizado.

En la actualidad hay dos problemas. Por un lado, dada la prórroga otorgada por Bruselas y la incertidumbre sobre lo que al final va a suceder, la administración tiene ralentizada su gestión, tal como han afirmado desde ASAJA Extremadura. España se encuentra en una extraña situación con gran parte de los animales identificados, mientras que en la mayoría de los estados de la Unión Europea (UE) el sistema no se ha comenzado a aplicar.

Otro problema es la complicada gestión de este modelo de identificación. El gran tamaño de la cabaña ganadera española dificulta mucho la tarea del ganadero a la hora de identificar y dar de baja. En España son más de veintitrés millones de cabezas de ovino, lo que representa un porcentaje superior al veinticinco por ciento de la cabaña europea, solo superada por Reino Unido. En caprino, con alrededor de tres millones de animales, mantenemos una proporción similar al ovino, solo sobrepasado por Grecia. En total, la mayor cabaña de ganado menor de toda la UE. Con estos indicadores, cuesta creer que el proceso revierta, pero el peso de Reino Unido es importante y el futuro no queda claro. España deberá hacer valer su preponderancia global en ganado menor y conseguir que cualquier decisión que se adopte no genere un agravio comparativo para un sector que se ha puesto en la vanguardia tecnológica de la trazabilidad animal. Se tendrá que hilar fino desde la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos para conseguir que prevalezca la posición de un Estado como el español, dominante en este sector y obediente; que ha hecho un esfuerzo por cumplir las normas y ponerse, antes que nadie, en la cresta de la ola. Cualquier reorientación que provenga desde Bruselas deberá evitar perjuicios a un colectivo profesional que, aun con un bolo más menudo, puede haberse metido en un buen embolado, solo por hacer bien sus deberes.