Si hay una organización que se caracteriza por ir a piñón fijo en su toma de decisiones, es la Comisión. Solo hay que recordar las prisas, concesiones y medidas liberalizadoras de la Unión Europea, en temas agrarios, dentro de la ronda de Doha, en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Al final, fueron poco provechosas, ya que ni siquiera se han cerrado estas negociaciones.
Ahora, en plena crisis económica, rodeados de incertidumbres internacionales y con muchas variables fuera de control, Bruselas sigue adelante. Un acuerdo hecho sin prisas, que no se ha sabido posponer a tiempo y sobre el que todavía hay que hacer muchas cuentas. Algunas de las reformas que se van a acometer son necesarias, pero el momento elegido es el menos adecuado. La Comisión no debería ser un mastodonte con inercia irrefrenable.
La modulación sube al diez por ciento, cinco puntos más que en la actualidad; una minoración de ayudas agrarias, justo ahora, difícil de entender. Aunque su aplicación no es inmediata, sino progresiva, puede tener un efecto en los mercados, contrario a la reactivación, que se supone objetivo prioritario en la economía actual.
El incremento de cuota láctea en un uno por ciento anual va a favorecer el aumento de oferta. Es la mitad de lo previsto por la Comisión y se han pactado revisiones posteriores; lo menos malo. El aumento de producción en España sería deseable, como país deficitario, si no se produjera un aumento proporcional en otros estados. En definitiva, si no se controlan los excedentes productivos de otros países que inundan el mercado español, este incremento de cuota generará mayores tensiones. Puede beneficiar a empresas mejor dimensionadas que serán capaces de adaptar sus estructuras productivas para un mercado libre, siempre que soporten la caída de precio. A medio plazo se puede sufrir una cierta pérdida de explotaciones, lo que reduciría la oferta global.
Respecto al desacoplamiento, continúa con medias tintas, lo que no deja contento a nadie. Por un lado no permite el abandono definitivo de la actividad a los menos competitivos, lo que ralentiza la autorregulación del mercado. Sin embargo, se evita un problema socioeconómico importante en determinadas zonas y para determinados subsectores. Un conflicto que queda latente.
Los intereses españoles pasaban por una menor modulación, un aplazamiento en las decisiones lácteas, una apuesta más firme por el desacoplamiento e incluso una prórroga del sistema actual para el tabaco, que tampoco se ha conseguido. En ese sentido, los resultados no han sido satisfactorios. No lo fueron hace una semana, con la desaparición de gran parte de las normas de calidad de frutas y hortalizas, y tampoco se ha frenado la futura y traumática norma para suprimir principios activos contra plagas. Demasiadas batallas perdidas.
Ahora, en plena crisis económica, rodeados de incertidumbres internacionales y con muchas variables fuera de control, Bruselas sigue adelante. Un acuerdo hecho sin prisas, que no se ha sabido posponer a tiempo y sobre el que todavía hay que hacer muchas cuentas. Algunas de las reformas que se van a acometer son necesarias, pero el momento elegido es el menos adecuado. La Comisión no debería ser un mastodonte con inercia irrefrenable.
La modulación sube al diez por ciento, cinco puntos más que en la actualidad; una minoración de ayudas agrarias, justo ahora, difícil de entender. Aunque su aplicación no es inmediata, sino progresiva, puede tener un efecto en los mercados, contrario a la reactivación, que se supone objetivo prioritario en la economía actual.
El incremento de cuota láctea en un uno por ciento anual va a favorecer el aumento de oferta. Es la mitad de lo previsto por la Comisión y se han pactado revisiones posteriores; lo menos malo. El aumento de producción en España sería deseable, como país deficitario, si no se produjera un aumento proporcional en otros estados. En definitiva, si no se controlan los excedentes productivos de otros países que inundan el mercado español, este incremento de cuota generará mayores tensiones. Puede beneficiar a empresas mejor dimensionadas que serán capaces de adaptar sus estructuras productivas para un mercado libre, siempre que soporten la caída de precio. A medio plazo se puede sufrir una cierta pérdida de explotaciones, lo que reduciría la oferta global.
Respecto al desacoplamiento, continúa con medias tintas, lo que no deja contento a nadie. Por un lado no permite el abandono definitivo de la actividad a los menos competitivos, lo que ralentiza la autorregulación del mercado. Sin embargo, se evita un problema socioeconómico importante en determinadas zonas y para determinados subsectores. Un conflicto que queda latente.
Los intereses españoles pasaban por una menor modulación, un aplazamiento en las decisiones lácteas, una apuesta más firme por el desacoplamiento e incluso una prórroga del sistema actual para el tabaco, que tampoco se ha conseguido. En ese sentido, los resultados no han sido satisfactorios. No lo fueron hace una semana, con la desaparición de gran parte de las normas de calidad de frutas y hortalizas, y tampoco se ha frenado la futura y traumática norma para suprimir principios activos contra plagas. Demasiadas batallas perdidas.
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