La Comisión ha aprobado la supresión de normas de calidad para frutas y hortalizas. Este acuerdo, sin vuelta atrás, tiene dos colectivos que se van a ver directamente afectados: los productores y, en no menor medida, los consumidores. Afectará a dieciocho de los veintiséis cultivos sujetos a norma; en concreto a calabacines, aguacates, coles de Bruselas, coliflores, zanahorias, puerros, cerezas, berenjenas, alcachofas, albaricoques, espárragos, ajos, melones, sandias, cebollas, pepinos, ciruelas y espinacas. Representan el 25 por ciento del valor mercado hortofrutícola europeo. Los diez restantes suponen el 75 por ciento del valor y corresponden a cítricos, tomates, lechugas, manzanas, kiwis, melocotones, peras, fresas, uvas de mesa y pimientos dulces.
Estas normas de calidad fueron puestas en marcha por la Comisión, pero promovidas por los propios productores. El objetivo fue mejorar la renta del sector mediante una apuesta por la diferenciación en calidad e imagen. Se trata de sistemas de control individualizados, con los que se han comercializado productos con calibres homogéneos, sin taras, con contenidos mínimos de azúcar y suficiente nivel de madurez, entre otros aspectos.
La cuestión es ¿por qué la Comisión ha dado este paso atrás en pleno siglo XXI, con un mercado alimentario europeo que pretende acercarse a la excelencia? Si atendemos a las explicaciones que ha dado la Comisaria de Agricultura, Marianne Fischer, el primer motivo es bajar precios en destino y el segundo, simplificar y abaratar la gestión de la administración europea.
El segundo de ellos es un argumento falaz, de cara a la galería. Aunque uno de los objetivos prioritarios de la política europea es la reducción de costes, no se debe conseguir a costa de la calidad. Si éste fuera un criterio condicionante, tendríamos que reducir casi toda la estructura administrativa europea, que en último término existe para velar por nuestra calidad de vida, que también implica la calidad de productos y servicios.
El primer motivo es más controvertido. ¿Debemos eliminar sistemas de control de calidad para conseguir una cesta de la compra más barata? o ¿debemos mantener nuestros estándares de calidad y conseguir solucionar la crisis macroeconómica aplicando soluciones acordes con el problema? Si se elimina un filtro previo que realiza el propio sector, de acuerdo a criterios objetivos, y se deja la decisión en manos del consumidor, se llega a una situación extrema, que aplicada a todos los sectores podría generar un importante desbarajuste de consumo.
Otro factor sintomático de esta anacrónica y recesiva decisión, son los dieciséis estados miembros que han votado en contra. Por supuesto se trata de países, en su mayoría, productores de frutas y hortalizas; pero ¿estos gobiernos defienden al sector agrario antes que al consumidor? No es probable. Además, los productores europeos tendrán que empezar a competir con toda la producción residual de las huertas de todos los países del mundo; eso sí, con nuestros costes extra de carácter ambiental y social, a los que, por supuesto, no queremos renunciar.
Estas normas de calidad fueron puestas en marcha por la Comisión, pero promovidas por los propios productores. El objetivo fue mejorar la renta del sector mediante una apuesta por la diferenciación en calidad e imagen. Se trata de sistemas de control individualizados, con los que se han comercializado productos con calibres homogéneos, sin taras, con contenidos mínimos de azúcar y suficiente nivel de madurez, entre otros aspectos.
La cuestión es ¿por qué la Comisión ha dado este paso atrás en pleno siglo XXI, con un mercado alimentario europeo que pretende acercarse a la excelencia? Si atendemos a las explicaciones que ha dado la Comisaria de Agricultura, Marianne Fischer, el primer motivo es bajar precios en destino y el segundo, simplificar y abaratar la gestión de la administración europea.
El segundo de ellos es un argumento falaz, de cara a la galería. Aunque uno de los objetivos prioritarios de la política europea es la reducción de costes, no se debe conseguir a costa de la calidad. Si éste fuera un criterio condicionante, tendríamos que reducir casi toda la estructura administrativa europea, que en último término existe para velar por nuestra calidad de vida, que también implica la calidad de productos y servicios.
El primer motivo es más controvertido. ¿Debemos eliminar sistemas de control de calidad para conseguir una cesta de la compra más barata? o ¿debemos mantener nuestros estándares de calidad y conseguir solucionar la crisis macroeconómica aplicando soluciones acordes con el problema? Si se elimina un filtro previo que realiza el propio sector, de acuerdo a criterios objetivos, y se deja la decisión en manos del consumidor, se llega a una situación extrema, que aplicada a todos los sectores podría generar un importante desbarajuste de consumo.
Otro factor sintomático de esta anacrónica y recesiva decisión, son los dieciséis estados miembros que han votado en contra. Por supuesto se trata de países, en su mayoría, productores de frutas y hortalizas; pero ¿estos gobiernos defienden al sector agrario antes que al consumidor? No es probable. Además, los productores europeos tendrán que empezar a competir con toda la producción residual de las huertas de todos los países del mundo; eso sí, con nuestros costes extra de carácter ambiental y social, a los que, por supuesto, no queremos renunciar.
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