El primer documento de trabajo sobre la futura Política Agraria Común (PAC) ya ha sido puesto sobre la mesa. Se marcan las grandes intenciones y se establecen algunas alternativas, aunque se decanta de manera clara por la modificación del sistema de pagos basado en una ayuda base y complementos. Un embrión de la futura PAC sin presupuesto, lo que todavía limita mucho más su valoración.
Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.
Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.
También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.
En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.
Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.
Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.
También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.
En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.
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