Hace escasas semanas el Parlamento Europeo aprobó la futura norma que restringirá el uso de determinados fitosanitarios, en particular pesticidas. Los dos grandes bloques de los que se ocupa son la autorización y su utilización. Ahora sólo queda el trámite de ser ratificado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea. La fuerte oposición de todo el sector productor e industrial ha permitido suavizar el contenido de esta futura regulación, lo que no va a evitar un cambio en el funcionamiento de las explotaciones, al menos en las labores sanitarias con las plantas.
El gobierno español considera satisfactorio el documento, ya que se va aplicar de forma escalonada hasta 2015. Según el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM) va a permitir al sector encontrar nuevas sustancias activas viables. El asunto no está tan claro. Por un lado son solo cinco años, y en la actualidad el periodo medio de puesta en mercado de un producto fitosanitario es de nueve. Además hay productos sobre los que se llevaba años trabajando que ya no serán viables. Sin duda es una regulación menos dañina que la disparatada propuesta anterior. No obstante, ningún gobierno como el español, donde se encuentra la gran despensa hortofrutícola europea, con todo lo que ello conlleva para nuestra economía, debería mostrarse satisfecho por una decisión que nos perjudica.
Todo esto llega en un momento donde la pendiente de producción de alimentos debe crecer de forma exponencial. Se estima que en los próximos veinticinco años se duplicará el volumen de alimentos respecto a los obtenidos en los últimos 10.000 años. Esto no es óbice para aplicar estrictos mecanismos de control que protejan la salud pública y el medioambiente, pero sin menoscabar el derecho y la obligación de dotarnos de un bien de consumo imprescindible. Hay que recordar que en la actualidad la regulación europea es la más estricta del globo y establece tres límites que son inviolables. Se trata del límite máximo de residuos (LMR) en el fruto o parte comestible de la planta, lo que controla la adecuada aplicación del producto. También la ingesta diaria admisible (IDA), que mide la cantidad que puede consumirse diariamente durante toda la vida de una persona sin riesgo para la salud. En tercer lugar, pero no menos importante, la dosis de referencia aguda (DrfA), que referencia la cantidad máxima de residuos que se puede asimilar en una comida sin menoscabo de la salud del comensal. Además, se considera el sistema de control de productos químicos más estricto de toda la Unión Europea, como lo demuestra que solo entra en el mercado una sustancia de cada 139.000. El resto no llegan a superar la fase de desarrollo. Con la garantía que ofrecen estos sistemas, sería un disparate poner en riesgo o perjudicar a una agricultura que ofrece cada vez más variedad de frutas y hortalizas en todas las épocas del año. Un importante logro, a veces no valorado.
Hay que considerar que una reducción de la productividad como la que se planteó podría conducirnos a rendimientos muy bajos. Si se toma como referencia los de mediados del siglo XX, implicaría multiplicar por tres la superficie de cultivo para mantener la capacidad de producción alimentaria actual. Este hecho supondría un drama ambiental, sobre todo en economías menos desarrolladas, con mecanismos de control ambiental y sanitario mucho más laxos.
Por supuesto, un fitosanitario, igual que una medicina, puede ser mal utilizado. Mientras que en el caso de la medicina es daño propio, en el caso de los fitosanitarios es al medioambiente, por lo que debe y es perseguido como delito. La obligatoriedad de disponer del carné de manipulador de productos fitosanitarios, da una garantía de conocimiento cuya eficacia, como con otros carnés, depende de la responsabilidad del titular.
El gobierno español considera satisfactorio el documento, ya que se va aplicar de forma escalonada hasta 2015. Según el Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM) va a permitir al sector encontrar nuevas sustancias activas viables. El asunto no está tan claro. Por un lado son solo cinco años, y en la actualidad el periodo medio de puesta en mercado de un producto fitosanitario es de nueve. Además hay productos sobre los que se llevaba años trabajando que ya no serán viables. Sin duda es una regulación menos dañina que la disparatada propuesta anterior. No obstante, ningún gobierno como el español, donde se encuentra la gran despensa hortofrutícola europea, con todo lo que ello conlleva para nuestra economía, debería mostrarse satisfecho por una decisión que nos perjudica.
Todo esto llega en un momento donde la pendiente de producción de alimentos debe crecer de forma exponencial. Se estima que en los próximos veinticinco años se duplicará el volumen de alimentos respecto a los obtenidos en los últimos 10.000 años. Esto no es óbice para aplicar estrictos mecanismos de control que protejan la salud pública y el medioambiente, pero sin menoscabar el derecho y la obligación de dotarnos de un bien de consumo imprescindible. Hay que recordar que en la actualidad la regulación europea es la más estricta del globo y establece tres límites que son inviolables. Se trata del límite máximo de residuos (LMR) en el fruto o parte comestible de la planta, lo que controla la adecuada aplicación del producto. También la ingesta diaria admisible (IDA), que mide la cantidad que puede consumirse diariamente durante toda la vida de una persona sin riesgo para la salud. En tercer lugar, pero no menos importante, la dosis de referencia aguda (DrfA), que referencia la cantidad máxima de residuos que se puede asimilar en una comida sin menoscabo de la salud del comensal. Además, se considera el sistema de control de productos químicos más estricto de toda la Unión Europea, como lo demuestra que solo entra en el mercado una sustancia de cada 139.000. El resto no llegan a superar la fase de desarrollo. Con la garantía que ofrecen estos sistemas, sería un disparate poner en riesgo o perjudicar a una agricultura que ofrece cada vez más variedad de frutas y hortalizas en todas las épocas del año. Un importante logro, a veces no valorado.
Hay que considerar que una reducción de la productividad como la que se planteó podría conducirnos a rendimientos muy bajos. Si se toma como referencia los de mediados del siglo XX, implicaría multiplicar por tres la superficie de cultivo para mantener la capacidad de producción alimentaria actual. Este hecho supondría un drama ambiental, sobre todo en economías menos desarrolladas, con mecanismos de control ambiental y sanitario mucho más laxos.
Por supuesto, un fitosanitario, igual que una medicina, puede ser mal utilizado. Mientras que en el caso de la medicina es daño propio, en el caso de los fitosanitarios es al medioambiente, por lo que debe y es perseguido como delito. La obligatoriedad de disponer del carné de manipulador de productos fitosanitarios, da una garantía de conocimiento cuya eficacia, como con otros carnés, depende de la responsabilidad del titular.
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