Hace una semana se aprobó la reforma de la organización común del mercado del vino. Un documento mucho más suave que la propuesta inicial de Bruselas. Mantiene gran parte de los planteamientos iniciales, pero menos rígidos. Ha generado opiniones encontradas. Mientras UPA la valora de forma positiva, COAG y ASAJA consideran que es pan para hoy y hambre para mañana. En un término medio
Se van a liberalizar las plantaciones, pero se ha dado un plazo de diez años para su aplicación. No garantiza el control de las futuras plantaciones, pero tampoco lo impide. Sobre todo, porque es un periodo más que considerable para consolidar un modelo que frene sus potenciales efectos perniciosos. Eso sin contar con posibles prórrogas y con el tiempo necesario para las nuevas entradas en producción. Un cambio que debe ocupar a las denominaciones de origen y a sus consejos reguladores, pero no preocupar en exceso a los viticultores.
La posibilidad de etiquetado con añada y variedad es una opción bienvenida por gran parte de los consumidores. Beneficia a los vinos con reciente presencia en los mercados y no amparados en denominaciones de origen. Por supuesto, esta información va a aportar a estos vinos una imagen de mayor calidad que puede confundir al consumidor. Pero si la información es real, ¿por qué ocultarla? El problema es asegurar la veracidad de estos datos y que no haya fraude, más difícil fuera del control de los consejos reguladores. Por otro lado Bruselas se ha opuesto a la demanda española de ampliar la línea de promoción de vinos dentro del espacio europeo. Solo se va a apoyar en estados terceros, lo que frena la explotación de un mercado con gran cultura vínica, como es el europeo. No tiene sentido limitar la promoción en un espacio tan amplio como el europeo, en vez de compatibilizar ambas opciones. Va en contra de la filosofía libre mercantil del resto de las medidas. Donde también quedan más dudas es en el destino de los fondos que se detraen del sector. Deberían volver a él por la vía del desarrollo rural, pero garantizar esta redirección es complicado y difícil de creer.
Las ayudas a la destilación de crisis tenían los días contados, cuatro años en concreto. Los elevados costes que salían las arcas comunitarias para destruir lo que se había producido, tenían poca justificación. Una medida que va a obligar a reestructurar gran parte del viñedo de Castilla
Es una reforma que dota de más protagonismo a los estados miembros y a las propias comunidades autónomas. Debería satisfacer a los defensores de la peligrosa nacionalización de la política agraria. Todavía no es el caso, pero da pistas. Complica, pero no amenaza el futuro de los vinos de calidad.
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