FUTURO CONFUSO PARA UNA LEY COMPLEJA

Hace poco más de diez días que se aprobó en el Congreso la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, previamente rechazada en el Senado. Un síntoma de la dificultad de llegar a consenso en esta materia. Hasta ahora España ha actuado en este campo a través de los reglamentos comunitarios, adoleciendo de legislación propia. El motivo es la dificultad de articular un asunto de marcado carácter transversal. Implica la coordinación de numerosos ministerios, algo que ha complicado sobremanera la consecución de un documento final, sin consenso.

Es una apuesta importante por el medio rural y un esfuerzo que era necesario hacer. Ahora hay que definirlo mediante un Programa de Desarrollo Rural Nacional, algo que se antoja más complejo todavía. Hay que recordar que ya se han producido situaciones similares, como pasó con la Ley de Agricultura de Montaña aprobada en la década de los ochenta. El desarrollo normativo de este tipo de leyes se puede bloquear y al final quedar reducidas a un compendio de medidas voluntariosas y, en la mayoría de los casos, necesarias. Pero poner de acuerdo a numerosos ministerios y a las comunidades autónomas tiene ciertas connotaciones quiméricas. Sobre el papel, el objetivo de esta Ley incluye términos tan de moda como oportunos: Son la multifuncionalidad del medio rural, la diversificación, la mejora del bienestar, la igualdad de oportunidades, el medioambiente sostenible y el mantenimiento del sector agrario. Una ley que abarca casi todo lo que se puede acometer en zonas rurales. Es el caso de la mejora de infraestructuras, desarrollo de las comunicaciones, servicios públicos, sanidad, educación, potenciación de actividad económica no agraria, de la agraria también, consolidación cultural y patrimonial, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental y un largo etcétera.

La coordinación de la Ley y, por lo tanto, del Programa de Desarrollo que emane de la misma, corresponderá al Consejo, apoyado por la Mesa de Asociaciones. Un Consejo que va a ser el verdadero órgano ejecutivo en algunas materias y que estará formado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Deberá constituirse tres meses después de la publicación en el BOE de la Ley, que se prevé se produzca antes de final de año. La constitución y las competencias de este Consejo deben ser reguladas mediante reglamento, donde se verá su verdadera capacidad de maniobra. Por el momento es competente en la selección de criterios que definan las zonas rurales y en la elaboración de un informe sobre el Programa de Desarrollo Rural. Su composición final y el sistema de funcionamiento serán clave para valorar con más objetividad la potencial eficacia de esta norma. De ahí el recelo de determinados partidos políticos y gobiernos regionales, que temen pueda producirse injerencias en asuntos de competencia regional. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene tres meses desde la constitución del Consejo para aprobar el Programa de Desarrollo Rural. Ahí surgen las mayores dudas. Poco tiempo para poner de acuerdo tantos ministerios y gobiernos regionales, de tan distinto color político y con realidades rurales muy diferenciadas. Todo ello con unos compromisos presupuestarios regionales y locales que como poco deben igualar las aportaciones nacionales, estimadas en 500 millones de euros.

También hay que destacar que se trata de un programa transversal, lo que desde un punto de vista administrativo conlleva la imputación de partidas presupuestarias de todos los ministerios, consejerías y concejalías participantes. Será un verdadero encaje de bolillos de difícil seguimiento y control, salvo que con antelación se establezca un modelo racional y eficaz. Desde un punto de vista agrario aporta consideraciones interesantes, como el contrato territorial entre administración y titular de explotación. Además se considera empresario agrario a este efecto a aquel que obtenga la cuarta parte de sus rentas del sector primario, lo que abre un abanico de posibles beneficiarios directos vinculados al agro. En definitiva, una Ley que se aprueba y se difunde en la antesala electoral, pero cuyo enrevesado meollo no será debatido ni aprobado hasta pasadas las elecciones; si se consigue.