AISLAMIENTO BIOTECNOLOGICO EN EUROPA

El Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas ha publicado los últimos datos sobre superficie mundial cultivada con semilla genéticamente modificada. Ha aumentado un 12 por ciento en 2007, superando las 114 millones de hectáreas cultivadas en más de 23 países, por 12 millones de productores. En la Unión Europea (UE) se han cultivado algo más de 100.000 hectáreas, el 70 por ciento en España. El cultivo de maíz modificado genéticamente contra el taladro, el único autorizado en la UE, ha supuesto el 21 por ciento de este cultivo en nuestro país. Son cifras que se encuentran a años luz de las de Estados Unidos con 57,7 millones de hectáreas de cultivos modificados genéticamente; o Argentina, Brasil y Canadá, que entre los tres superan los 41 millones de hectáreas. También Canadá. Paraguay, Sudáfrica y otros muchos. Entre ellos, economías mucho menos desarrolladas o con serios problemas alimentarios como la India o China, cultivaron el pasado año más de 6,2 y 3,8 millones de hectáreas respectivamente. Datos que no dejan lugar a dudas. La Unión Europea se mantiene al margen de un desarrollo tecnológico por el que apuestan las grandes economías y también las emergentes.

En este contexto, el PSOE presenta en su programa electoral la propuesta de una nueva Ley del Régimen Jurídico de los Organismos Genéticamente Modificados, en la que dará prioridad a la salud pública y al equilibrio medioambiental. Son factores que conforman el esqueleto de todos los estudios y análisis científicos requeridos en la UE para la autorización de estas semillas, así como para la comercialización de los alimentos de los que forman parte. Son los más estrictos y rigurosos a nivel mundial. Una oferta antieconómica, pero sin duda, políticamente correcta. El “apellido” de esta propuesta hace sospechar una vuelta de tuerca en este asunto, más del corte del Ministerio de Medioambiente, dirigido por Narbona, que del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con una línea conservacionista, pero que no pierde la referencia socioeconómica. Prueba de ello es que a finales de 2007 el MAPA abogaba por un marco jurídico relativo a cultivos modificados genéticamente, sin imposiciones, basado en la preferencia de los propios consumidores. Es decir, la oportunidad de consumidores y agricultores de elegir. No es otra cosa que lo que defienden los que abogan por el desarrollo de estas tecnologías dentro del encapsulado espacio biotecnológico europeo.