COMPENSACIONES AL GANADO MENOR

Todas las especies que habitamos este planeta tenemos la reacción instintiva de manifestarnos cuando algo va mal. Las plantas, los animales menos complejos y también los más evolucionados reaccionamos ante las situaciones adversas y mostramos de una manera u otra nuestra queja por lo que nos acontece. En el caso de la especie humana, más todavía, ya que disponemos del ingenio y de la capacidad de aunar frustraciones, lo que nos permite la manifestación colectiva de nuestros infortunios. Dentro de los diferentes colectivos, sin duda el sector agrario es uno de los que mejor, o al menos que más veces utiliza la capacidad y el derecho de manifestarse. Si nos paramos a pensar sobre el gremio que con más frecuencia ocupa nuestras calles, bien sea de nuestra localidad, de Madrid o de Bruselas, estos son los agricultores y ganaderos. El sector ganadero ha tenido que utilizar esta incómoda herramienta en numerosas ocasiones a lo largo del último año. Una decisión que no gusta a los políticos, al resto de los ciudadanos y, por supuesto, al propio ganadero.

La crisis que está padeciendo la ganadería está llevando a las explotaciones a umbrales de impotencia empresarial. El vacuno de carne, el conejo, la avicultura, pero sobre todo el ovino, caprino y el porcino de capa blanca han sufrido la crisis combinada de precios y de costes más aguda de los últimos años. El crecimiento acelerado de los precios de los insumos, sobre todo los piensos, pero también los energéticos o los derivados de las normas de bienestar animal, han llevado a las explotaciones a una escalada de costes que no han podido repercutir en el precio de venta. Las previsiones de la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO) no son halagüeñas. Los altos precios del cereal alimentario de las últimas campañas han generado un importante aumento de la superficie de siembra. Además, el tirón del consumo en grandes economías orientales, entre otras en China e India, va a continuar en ascenso. Esta organización predice un valor del cereal que, sin crecer a la misma velocidad que el pasado año, va a continuar a niveles muy altos.

En esta situación la desesperación del sector es comprensible. Por supuesto, sus movilizaciones no van a conseguir incidir en el nudo gordiano de la crisis, que es el mencionado precio del pienso. Poco puede hacer la Unión Europea, salvo lo ya hecho, es decir, autorizar la siembra a discreción y eliminar los aranceles a la importación. Medidas necesarias, pero insuficientes para influir de forma sustancial en el mercado mundial. El estado español y los gobiernos regionales nada pueden hacer en este punto. Donde sí pueden actuar ambas administraciones es sobre aspectos fiscales que palien los efectos de una crisis, con visos de continuidad. La bonificación de intereses dentro de las ayudas mínimis es una de las medidas más demandas por los ganaderos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha bonificado en dos puntos el interés pactado con las entidades financieras. La mayoría de las administraciones regionales se han apresurado a igualar la propuesta y han hecho lo propio con otro dos por ciento. Responde a una práctica habitual de reparto entre la administración nacional y la regional. Sin embargo, es frecuente que se rompa esta paridad, tal como ha sucedido en Andalucía, donde se ha bonificado en su totalidad. Pero hay otras cuestiones en el candelero que están en fase de negociación. Es la subida de un 1,5 por ciento del IVA ganadero, que depende de la administración nacional, o el debatido desacoplamiento total de las ayudas.

Sobre todas estas medidas de carácter fiscal planea la necesidad de una reestructuración global del sector ganadero que permita mantenerse a las empresas más competitivas y abandonar con condiciones satisfactorias a quien así lo decida. Quizás, cuando se negocie esta potencial reconversión, el sector deberá hacer una fuerte presión, unánime, para conseguir las mejores condiciones. En la actualidad, las diferentes administraciones han asumido el problema y actuado en consecuencia, a mayor o menor velocidad, lo que hace dudar de la eficacia del público y lícito derecho a manifestarse.