IPC Y COMBUSTIBLE

Un dato positivo publicado recientemente es la bajada del 0,1 por ciento en el IPC de los alimentos. No es demasiado, pero es significativo si se considera que el IPC general subió un 0,2 por ciento. Es bueno para el consumidor, pero con diferente valoración para el agro, en concreto para los ganaderos de ovino. Esta bajada del IPC se ha debido en gran medida a la bajada del 7 por ciento en los precios de esta carne, que ya tiene pocas posibilidades de sostener esta vertiginosa caída. En el Consejo de Ministros de Agricultura, la delegación irlandesa y la española pidieron a la Comisión medidas para poder mantener la producción de ovino. Un sector tocado por la bajada de consumo, por las substanciales importaciones de países como Australia o Nueva Zelanda y por la creciente escasez de capital humano, con muy poca capacidad de relevo generacional. ¿El motivo? El poco atractivo profesional, económico y laboral que muestra este subsector a las potenciales nuevas vocaciones. Las soluciones pasan, desde Bruselas, por una reorientación presupuestaria a través del artículo 69 o con desarrollo de medidas de desarrollo rural. Conocido y escaso.

Por otro lado el encarecimiento del combustible supone un importante varapalo económico tanto para las economías familiares como para las empresariales. Esta situación se da de forma particular en el sector agrícola, con un elevado coste de combustible, fósil por necesidad; al menos, mientras el biocarburante no se convierta en una alternativa viable. Las tres principales organizaciones profesionales agrarias, COAG, UPA y ASAJA, han puesto sobre la mesa unos datos que, no por conocidos, dejan de ser preocupantes. En un año, el precio del gasóleo agrícola ha crecido un 30 por ciento, y se ha duplicado en los últimos cuatro. Sería conveniente incrementar el apoyo fiscal, sobre todo si se considera el despunte del resto de inputs agrarios y las sucesivas crisis de precios, salvo en el caso de los cereales. Uno de las demandas de estas organizaciones es la reducción del IVA de este gasóleo del 16 al 7 por ciento, en principio autorizado por Bruselas. Supondría un significativo refuerzo, con escasos perjuicios macroeconómicos para las arcas públicas, dado el reducido peso global del sector.