Los productores de fitosanitarios, colectivo imprescindible para el mantenimiento de nuestro sector agrario y alimentario, se mantiene en tensión ante los previsibles cambios que se van a producir. El pasado mes de junio el Consejo de Ministros de Agricultura adoptó un acuerdo político sobre el futuro uso de estos productos. Una norma que derogará la actual, vigente desde 1991 y que podría reducir a la mitad el número de sustancias autorizadas. La pasada semana el Parlamento Europeo discutió en segunda vuelta dicho documento de cara a un acuerdo definitivo que se adoptará en pocos meses. Se trata de un mercado que movió en 2007 en España más de 575 millones de euros.
Pero el problema va más allá que la mera defensa de un subsector económico. Los informes emitidos por el Centro Europeo de Investigación sobre Política Agrícola, Regional y Medioambiental (EuroCARE) constatan que si esta norma se aprueba el precio de las frutas y hortalizas se duplicará. También aumentaría en un veinte por ciento el precio del trigo y la patata. Serían varios los motivos de esta tendencia alcista, como por ejemplo, las mayores pérdidas de cosecha o el incremento de dosis debido a la adaptación de las plagas por falta de rotación. Esta última consecuencia también va a generar un importante efecto negativo en el medioambiente, lo que supone una gran contradicción con los propios objetivos de la norma. La posibilidad de sintetizar nuevas sustancias que puedan ser admitidas no es factible a medio plazo, ya que poner un nuevo producto en el mercado puede llevar entre ocho y diez años, tiempo del que no dispone casi ninguna empresa, tampoco la agraria.
Pero no se trata solo de un problema que afecte a las grandes explotaciones intensivas. Muchas otras, sujetas a sistemas de explotación conservacionistas, como son los acogidos al modelo de producción integrada, también lo van a sufrir. Los métodos de lucha biológica, ya muy extendidos, son una herramienta más, importante para reducir el uso de fitosanitarios, aunque no la solución. Estos sistemas ya están muy arraigados, sobre todo en hortofruticultura, pero necesitan completarse con tratamientos químicos que eviten desequilibrios biológicos y el rebrote de plagas ya erradicadas.
Esta nueva legislación es un síntoma de una doble moral, frecuente en la administración pública y en la europea en particular. Consiste en ser muy puristas con lo propio, lo que se ve, pero no para lo ajeno, lo que no se ve; o dicho de forma más popular, ojos que no ven corazón que no siente. La defensa del medioambiente es un supuesto pilar de la política europea, un objetivo irrenunciable y sin fronteras. Pero poco importa si los supuestos deterioros al medio se producen fuera de nuestro territorio. Un productor extracomunitario puede aplicar productos prohibidos en la Unión Europea, siempre que no supere un límite máximo de residuos en nuestro mercado. Estos alimentos o producciones pueden ser importados a la Unión Europea, lo que provoca un importante nivel de indefensión en nuestro sector primario, obligado a producir con mayores costes que sus competidores directos extracomunitarios.
En definitiva, una norma con clara vocación ambiental, fundamentada en una voluntad política que no ha sabido incorporar los condicionantes técnicos y alimentarios, pero tampoco de forma completa los propios criterios ambientales. Tampoco se ha considerado el gran impacto que este cambio puede tener sobre la cesta de la compra. En esta línea, la industria fitosanitaria europea y la española, representadas por ECPA y AEPLA respectivamente, han solicitado al Parlamento Europeo y a la Comisión que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realice una evaluación de impacto. Qué menos.
Pero el problema va más allá que la mera defensa de un subsector económico. Los informes emitidos por el Centro Europeo de Investigación sobre Política Agrícola, Regional y Medioambiental (EuroCARE) constatan que si esta norma se aprueba el precio de las frutas y hortalizas se duplicará. También aumentaría en un veinte por ciento el precio del trigo y la patata. Serían varios los motivos de esta tendencia alcista, como por ejemplo, las mayores pérdidas de cosecha o el incremento de dosis debido a la adaptación de las plagas por falta de rotación. Esta última consecuencia también va a generar un importante efecto negativo en el medioambiente, lo que supone una gran contradicción con los propios objetivos de la norma. La posibilidad de sintetizar nuevas sustancias que puedan ser admitidas no es factible a medio plazo, ya que poner un nuevo producto en el mercado puede llevar entre ocho y diez años, tiempo del que no dispone casi ninguna empresa, tampoco la agraria.
Pero no se trata solo de un problema que afecte a las grandes explotaciones intensivas. Muchas otras, sujetas a sistemas de explotación conservacionistas, como son los acogidos al modelo de producción integrada, también lo van a sufrir. Los métodos de lucha biológica, ya muy extendidos, son una herramienta más, importante para reducir el uso de fitosanitarios, aunque no la solución. Estos sistemas ya están muy arraigados, sobre todo en hortofruticultura, pero necesitan completarse con tratamientos químicos que eviten desequilibrios biológicos y el rebrote de plagas ya erradicadas.
Esta nueva legislación es un síntoma de una doble moral, frecuente en la administración pública y en la europea en particular. Consiste en ser muy puristas con lo propio, lo que se ve, pero no para lo ajeno, lo que no se ve; o dicho de forma más popular, ojos que no ven corazón que no siente. La defensa del medioambiente es un supuesto pilar de la política europea, un objetivo irrenunciable y sin fronteras. Pero poco importa si los supuestos deterioros al medio se producen fuera de nuestro territorio. Un productor extracomunitario puede aplicar productos prohibidos en la Unión Europea, siempre que no supere un límite máximo de residuos en nuestro mercado. Estos alimentos o producciones pueden ser importados a la Unión Europea, lo que provoca un importante nivel de indefensión en nuestro sector primario, obligado a producir con mayores costes que sus competidores directos extracomunitarios.
En definitiva, una norma con clara vocación ambiental, fundamentada en una voluntad política que no ha sabido incorporar los condicionantes técnicos y alimentarios, pero tampoco de forma completa los propios criterios ambientales. Tampoco se ha considerado el gran impacto que este cambio puede tener sobre la cesta de la compra. En esta línea, la industria fitosanitaria europea y la española, representadas por ECPA y AEPLA respectivamente, han solicitado al Parlamento Europeo y a la Comisión que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realice una evaluación de impacto. Qué menos.
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