La Interprofesional del Huevo (INPROVO) acaba de realizar el último balance del sector de ave de puesta. Pocas sorpresas. Como todas las ganaderías en intensivo han padecido la fuerte subida del precio de los piensos, que representan el 65 por ciento de los costes de explotación. Además, las cada vez más exigentes medidas de seguridad alimentaria y bienestar animal suponen un incremento de gastos e inversiones que no se pueden repercutir en su totalidad al consumidor. En España el censo de gallinas ponedoras no llegaba a 50 millones en 2004. Ha sufrido un importante descenso hasta situarse en poco más de 42 millones en 2007. Una tendencia decreciente, opuesta a la poblacional, que en el mismo periodo ha pasado de 43 a 45 millones de españoles. Es una evolución preocupante, sobre todo si se considera que somos los terceros productores de la Unión Europea, tras Francia y Alemania con un producto estimado en 2007 de 930 millones de docenas de huevos.
El análisis de los precios de mercado tiene una doble interpretación. Si se compara con otros derivados cárnicos, no ha salido mal parado, ya que INPROVO estima un alza en las cotizaciones de más del 10 por ciento. Pero si se compara con su evolución plurianual, el precio en 2007 es similar al de 2004. Al considerar la inflación, supone una pérdida de valor real, más aún, con la revalorización de los inputs. A diferencia de muchos mercados agrarios, la cadena del huevo está compuesta por pocos eslabones, lo que reduce el peligro de especulación y los márgenes abusivos. Una de las grandes preocupaciones del sector del huevo es común a casi todos los productos del campo. Se trata de las estrictas y costosas políticas europeas de bienestar animal, seguridad alimentaria, gestión de subproductos y medioambiente, que crean un agravio comparativo entre el género europeo y el de terceros países. Estos últimos son, en su mayoría, mucho menos estrictos en sus regulaciones, por tanto, menos gravosos para sus avicultores. Una realidad que debería ser argumento principal para mantener un cierto nivel de ayudas públicas; al menos, si queremos garantizar la calidad alimentaria, el autoabastecimiento y la sostenibilidad de todo un sector productivo.
En esta compleja situación, Bruselas tiene pendiente aprobar la nueva norma sobre jaulas para ponedoras, con 750 centímetros cuadrados por unidad, cama de paja, sistema de cortado de uñas, percha y otros complementos. Algo que podría afectar a la rentabilidad de las explotaciones e incluso al modelo productivo, al tener que sustituir las actuales antes de 2012. El Comisario Europeo de Sanidad, Markos Kyprianou, ha resaltado que esta nueva norma responde a una demanda de los consumidores. Lo dudo. Más bien parece una reclamación de algunos grupos concretos, que por supuesto no consideran el alto coste que esto puede suponer; según datos de la Comisión, un céntimo por huevo. De acuerdo con las estimaciones de INPROVO, representa poco para el consumo, ya que constatan que asciende a 240 huevos por persona y año, incluyendo los frescos y los utilizados en alimentos elaborados. Sin embargo, es mucho para el sector al que generaría más de 110 millones de euros de sobre coste. Un dato significativo dado que el valor de la producción de huevos ronda los 740 millones de euros. En definitiva, una nueva norma que supone un 15 por ciento más que el valor de toda la producción nacional anual. Esto no quiere decir que no haya que mejorar las jaulas y el bienestar animal. Pero será necesario apoyar estos gastos extra con fondos públicos o equiparar dichos costes en frontera, lo que es lo mismo, sistemas de aranceles o similares. Lamentablemente, opciones que no se van a dar.
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