Seguros necesarios

El pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó una ayuda de un millón de euros para paliar los daños de las inundaciones del pasado julio en el norte de España. Cubren los daños que nos están bajo el paraguas del sistema de seguros agrarios español y se debe cumplir la condición de que el beneficiario de estas ayudas extraordinarias tenga cubierta su campaña por el seguro agrario.

De esta acción del gobierno, que por cierto no es novedosa ya que se produce casi siempre que hay grandes pérdidas por climatología extrema, de esta acción se extraen dos conclusiones principales. En primer lugar que si no fuera por el sistema de seguros agrarios español, uno de los más modernos y eficientes que hay en el agro mundial, los costes para las arcas públicas de este tipo de desastres serían tremendos. Mucho más altos sin duda que el propio coste de la política de seguros, que hay que recordar cubre con fondos nacionales y regionales la mitad de la póliza. En segundo lugar y como siempre recordamos, la importancia de asegurar las cosechas y las producciones.

A pesar de que no es un sistema perfecto y tenga aspectos que pulir y corregir, es sin duda el menos imperfecto. El no asegurarse no implica solo perder parte de la cosecha por motivos más o menos habituales, sino también no poder percibir estas compensaciones cuando el daño es extremo. Es cierto que la situación de las explotaciones es difícil y hay que ahorrar costes, pero quizás el coste de la póliza agraria, no es el que se deba eliminar.

Trampas en el aceite de oliva

Hace un par de semanas nos hacíamos eco de lo que calificamos como una maniobra comercial de dudosa ética. Me refiero a las conclusiones de un estudio de la Universidad de Davis en el que ponía a caldo los aceites españoles y afirmaba con no eran lo que decían ser. Quedó aparentemente claro tras hablar con el sector que los métodos y las muestras utilizadas no eran adecuadas ni siquiera estaban homologadas. ¿A quién beneficiaba todo esto? Pues a los que estaban detrás del estudio, que no eran otros que los productores de aceite de oliva de EEUU, muy pocos, eso sí, y acorralados en precio y volumen por el aceite español. En fin, pusimos el grito en el cielo, como no podía ser menos.

Pero ahora nos han hecho dudar y de qué manera. Resulta que las investigaciones de la Junta de Andalucía han detectado que una proporción importante de los aceites de oliva virgen extra son mezclas con aceites de oliva refinados. Así lo han constatado en el 50 por ciento de las inspecciones que se han realizado. Este nivel de fraude es muy difícil que pase desapercibido para los profesionales del sector y para las organizaciones que lo controlan. Por un lado está muy bien y hay que aplaudir que se hayan detectado, pero no deja de preocupar que exista una presunta estafa de esta envergadura en un producto tan significativo para nuestra imagen y para nuestra economía como es el aceite. Un tema que urge aclarar y que debe hacer pensar al sector.

Los americanos nos sacaron los colores, no les creímos, creímos al potente, emblemático y señorial sector industrial español. Ahora vuelve a sonar el río, y por tanto ya lo dice el dicho, agua debe de llevar.

Habrá PAC, ¿pero cuál?

El primer documento de trabajo sobre la futura Política Agraria Común (PAC) ya ha sido puesto sobre la mesa. Se marcan las grandes intenciones y se establecen algunas alternativas, aunque se decanta de manera clara por la modificación del sistema de pagos basado en una ayuda base y complementos. Un embrión de la futura PAC sin presupuesto, lo que todavía limita mucho más su valoración.

Lo único que queda claro es que desaparecerán casi con toda seguridad los rendimientos históricos, lo que abre la puerta a referencias revisables. En este contexto, los periodos transitorios se hacen imprescindibles para un sector muy diverso que necesita tiempo para adaptarse a cambios que se prevén profundos.

Otra alternativa de marcado carácter social es la posible fijación de límites máximos de ayuda por explotación. Sin embargo no hay que olvidar que muchas grandes explotaciones necesitan ayudas, ya que suponen la compensación de los costes diferenciales que supone el exigente modelo productivo europeo.

También se ha planteado la necesidad de reciprocidad en las exigencias ambientales, sanitarias y sociales con respecto a los productos importados, así como la necesidad de consolidar una cadena alimentaria equilibrada. Ambos objetivos muy válidos desde una perspectiva política, pero de muy difícil articulación con normas eficientes.

En definitiva, mucha incertidumbre y un largo proceso en el que es muy posible que la nueva Ministra española, Rosa Aguilar, disponga de una plataforma que se acomoda a su reiterado anuncio de pintar de verde el agro español. Solo queda esperar que tanto la Ministra como el resto de los negociadores europeos recuerden que lo verde en el agro es lo capaz de producir más alimento con menos recursos pero de manera eficiente, y que su sostenibilidad pasa necesariamente por la supervivencia de la especie con mayor riesgo de extinción de nuestros campos: los profesionales de nuestro sector agrario y agroalimentario.

No todo vale en el comercio

Las batallas comerciales entre diferentes países han llevado de forma recurrente a la aprobación para las importaciones de medidas restrictivas de dudosa legalidad, basadas en supuestos riesgos sanitarios o veterinarios. Hay otras acciones todavía más dañinas que son acometidas por organizaciones privadas en defensa de sus propios sectores. El caso más reciente lo encontramos en Estados Unidos, donde la Universidad de Davis en California ha elaborado un informe en el que ponen en entredicho la calidad de los aceites de oliva virgen extra de nuestro país. El sector español se ha apresurado a rebatir estos argumentos, con datos tan contundentes como que los procedimientos de análisis no están homologados por el Comité Oleícola Internacional, que las muestras se tomaron en muy escasos puntos de venta o que el producto analizado llevaba varios meses en los lineales.

Por un lado, igual que sucedió en el caso del vino, en Estados Unidos hacen caso omiso de las organizaciones internacionales, cuando sus posiciones no concuerdan con sus intereses. Por otro lado, no solo se defiende el pequeño sector olivarero estadounidense a costa del español, sino que se da pié a que otros países productores como los del cono sur, se acojan a esta coyuntura para frenar las exportaciones españolas a su mercado. Hay que recordar que el mercado exterior del aceite español ha crecido año tras año hasta alcanzar las 790.000 toneladas en 2009/2010.

Se trata en todo caso de una situación preocupante en la que España, como gran potencia olivarera, debe actuar con contundencia y buscar el apoyo de otros Estados y organizaciones, e incluso de la propia Unión Europea, para que el propio gobierno estadounidense aclare el tema y limpie la imagen de este producto.

Comisión nacional de competencia

Uno de los retos inmediatos con los que se debería enfrentar la nueva titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, es la coordinación con la Comisión Nacional de la Competencia, que mira con lupa al agro. Tanto es así que diversas organizaciones sectoriales ya ni se atreven a desarrollar acciones de fuste para desarrollar sus mercados. Independientemente de la justificación jurídica que avale las opiniones y decisiones de la CNC y el acierto de algunas o de todas ellas, la realidad es que existen importantes contrasentidos con las decisiones adoptadas por el MARM para apoyar la consolidación de, por ejemplo, las organizaciones interprofesionales. Las decisiones de la CNC les sancionan de forma recurrente por desarrollar las funciones para las que se han creado; por cierto, apoyadas con presupuesto público.

Mientras tanto, dos circunstancias muestran que las cosas se pueden hacer de otra manera. El ejecutivo comunitario estudia proponer una adaptación de las normas europeas que permitan a los ganaderos unirse para negociar de forma conjunta con las industrias lácteas mejores precios por su producción de leche. Y, por otro lado, en Francia, su Ministro de Agricultura ha anunciado que contarán con contratos entre los agricultores y los compradores, con métodos de determinación de los precios, en el sector lácteo y el de frutas y hortalizas. En resumen, en España la CNC frena acuerdos intersectoriales y acciones de regulación de mercados. Mientras tanto la Comisión en Bruselas estudia facilitarlas y países como Francia ya las avalan. Alguien tendrá que aclara este gran caos.

Proteína Vegetal

La obtención de proteína para la alimentación animal es uno de los condicionantes más sensibles del sector de ganadero ya que supone una fuerte dependencia de Estados terceros. La prohibición de utilizar harinas de origen animal para la elaboración de piensos ha reforzado la dependencia de la soja como origen de la imprescindible proteína para los alimentos de nuestro ganado. El freno a determinadas biotecnologías ya implantadas en los grandes productores agrícolas del mundo como Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, Canadá, etc., ha supuesto una importante atadura comercial que, unida a las estrictas limitaciones a la importación de semillas transgénicas, suponen un amenaza para nuestro abastecimiento alimentario o, al menos, para la estabilidad de su mercado y de sus precios.

Los equipos técnicos de la Comisión trabajan para dar una solución al modelo de tolerancia cero que existe en la actualidad para las importaciones de semillas. Ahora la Comisión intenta que se admitan trazas en el caso de aquellas semillas cuya modificación genética ya haya recibido la opinión favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), aunque todavía no se haya producido la resolución oficial en el siempre complejo y maniatado proceso de autorización. Un proyecto que de salir adelante sería un paso para la normalización de la industria de los piensos y en consecuencia del propio sector ganadero. Sin embargo, lo coherente sería que las trazas fueran aceptadas también si la semilla hubiera sido autorizada por un organismo o autoridad científica acreditada y de reconocido prestigio, aunque no sea europeo. También reducirá la dependencia de la soja el demandado y ya probable levantamiento parcial de la prohibición de uso de harinas animales, impuesta a partir de la crisis de las vacas locas.

Más hambre, más agricultura

Hoy se celebra el día mundial contra el hambre, con la triste cifra de mil millones de hambrientos en el mundo. Una circunstancia muy vinculada en su pasado, presente y futuro al sector agrario. Pero el drama es mayor, ya que se prevé para 2050 un aumento de población del 50 por ciento, hasta situarnos en 9.000 millones de habitantes. Son muchos los factores que han de influir en la solución de este problema, la estabilidad política y económica, la educación, la distribución…pero no podemos olvidar que en último término es necesario producir alimentos. Probablemente no habrá que aumentar la productividad en la misma proporción que crece la población, ya que una mejor distribución aportará soluciones, pero sin duda deberá aumentar y mucho. Para ello, la base es el sector agrario. Hay que producir mucho más, mientras que solo se puede aumentar un 4 por ciento la superficie de cultivo en el mundo, según datos de la propia FAO.

¿Cuál es la solución a esta sencilla ecuación?...obtener más alimentos en la misma superficie, eso sí, sin aumentar e incluso reduciendo en muchos casos el impacto ambiental que ello supone. Para ello, debemos continuar avanzando a mucha más velocidad, en el desarrollo de la tecnología agraria, de toda ella, la de riegos, maquinaria agraria e industrial, semillas, fertilizantes, fitosanitarios, biotecnología, invernaderos, rendimientos energéticos, piensos y otros muchos que me dejo en el tintero. No nos olvidemos, la agricultura tecnológica, la intensiva, no es la solución, pero que a nadie le quepa duda que es una herramienta imprescindible. Intentar volver a modelos de producción del pasado como algunos pretenden, es un gran error económico, social y por raro que pueda parecer, también ambiental. Pero sobre este último tema hablaremos otro día.

Un par de filetes

Sigue calentito el tema de Contador y su acusación a un filete. Les recuerdo, afirma que las trazas de clembuterol que se le han detectado son culpa de un par de filetes que se metió entre pecho y espalda en pleno tour y que un amiguete le trajo desde España. Algo raro suena, porque vamos a ver, ¿quién lleva de regalo un par de filetes crudos?, más normal es un buen jamón, unos espárragos de Navarra, unas anchoas, incluso un buen vino, ¿pero un filete crudo?...y más a Francia, donde también tienen excelente y abundante carne de vacuno, que cocinan de lujo. Pero es que, ¿cómo se la comen?, ¿se llevaron un camping gas y lo hicieron en su habitación?, ¿se la tomaron cruda?, ¿le pidieron al cocinero del hotel que les hiciera a ellos un plato especial?. Estoy seguro que el cocinero responsable de la estricta dieta que llevan los ciclistas de alta competición en pleno tour, le pareció una buenísima idea, jugarse el tour de Contador y su propio futuro como responsable de la cocina del equipo.

¿Y qué me dicen de Contador?, cuando está defendiendo su deseado maillot amarillo decide saltarse todas las normas del equipo y meterse un atracón, justo en plena competición…si es que al final consiguió que alguien se lo cocinara, y si no, como los cavernícolas, crudito, crudito…En fin, lo mires por donde lo mires parece una gran tontería, sintiéndolo mucho por Contador. Pero ya que ha abierto las puertas de los grandes medios al sector ganadero, a pesar del propio sector, habrá que hacer de la amenaza oportunidad y aprovechar para transmitir a la sociedad las virtudes de este sector y la seguridad y trazabilidad de nuestra cadena alimentaria.

¿Retirada de vino?

Los mecanismos de control de mercado son la última herramienta que utilizan las administraciones para poner fin a crisis coyunturales que generan importantes pérdidas en los sectores. Un ejemplo claro lo tenemos en el caso del cereal, donde por fin el Comisario Dacian Ciolos ha accedido a sacar al mercado los stocks europeos para moderar los precios. Algo, por cierto, que satisface al consumidor y al ganadero, no al cerealista.

En el caso del vino, a pesar de la última reforma del mercado hace ya casi tres años, este sector tiene importantes problemas derivados, entre otros aspectos, de la disminución general del consumo de vino y en años como el actual, el aumento en España de las producciones de uva. En consecuencia, el sector padece una fuerte crisis de precios que, al contrario que en el caso de los cereales, han hundido la cotización de la uva. En esta situación se ha demandado la retirada de vino del mercado para destilación.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha dicho no y rechaza medidas excepcionales, al considerar que la tendencia de la campaña va a ser positiva, entre otros factores por el incremento de consumo del mosto; apuestan por medidas estructurales y la promoción del consumo en el exterior. Ambas estrategias son buenas, a pesar de la arrinconada promoción del consumo en la Unión Europea, pero dan resultados a medio y largo plazo, no de forma inmediata. Para ello hace falta compatibilizarlas con otras.

En las fechas en las que nos encontramos, los niveles de producción de esta campaña, salvo catástrofes climatológicas, ya son más o menos conocidos. Cooperativas Agroalimentarias (CA) estima que para toda España rondarán los 39 millones de hectólitros entre vino y mosto, entre un dos y un tres por ciento más que la pasada. En definitiva, buena calidad más producción y menos precio, si se mantiene la tendencia actual. Unos datos preocupantes que pueden dejar a muchos productores sin poder colocar al uva o teniendo que hacerlo sin precio. Esta circunstancia, junto con las bajas cotizaciones que se han mantenido en el último año, son indicadores reveladores de la tendencia y la difícil situación de los productores. Por tanto, dejar pasar el tiempo para adoptar medidas de regulación supone dejar a los viticultores a los pies de los caballos, en plena vendimia.

Productividad sostenible

La pasada semana el Comisario de Sanidad y Consumo, John Dalli, declaraba en una entrevista a un medio agrario especializado que se iba a realizar una reforma sustancial de la PAC en la que se iba a apostar por el aumento de la productividad sin hipotecar por ello el compromiso ambiental y su sostenibilidad. Para ello, afirmaba, es necesario apoyarse en las modernas tecnologías agrarias. Un planteamiento muy positivo y ajustado a la realidad alimentaria, social y ambiental, no solo europea sino mundial. Sin embargo, esta buena declaración de intenciones se topa con que no se conoce el presupuesto aproximado que puede ir para la futura PAC, que hay que recordar se debe poner en marcha en 2014, aunque no lo parezca a la vuelta de la esquina.

¿Qué va primero la gallina o el huevo?, ¿hay que conocer el presupuesto antes de diseñar la PAC o diseñar la PAC sin estar condicionado por el presupuesto? Digan lo que digan, diseñar algo sin conocer el presupuesto aunque sea de forma orientativa es como comprar un coche sin saber cuánto dinero tienes, puedes elegir un Ferrari, pero de que te sirve si solo tienes capacidad de tener un utilitario. Y mientras tanto lo más preocupante, el empresario agrario no tiene ni idea de por donde le van a venir los tiros, por lo que la toma de decisiones sobre nuevas inversiones y nuevos proyectos es cada vez más arriesgada. Es decir, el problema de siempre, cambios demasiado rápidos y poco anticipados en la Política Agraria Europea que impiden una óptima planificación estratégica del tejido productivo.

Los costes de las empresas cárnicas

Ya lo decíamos hace pocas semanas en este mismo programa, la industria y “los mataderos encontrarán la forma de repercutir al ganadero los costes de eliminación y destrucción de los MER, los materiales específicos de riesgo”. Dicho y presuntamente hecho. Diferentes organizaciones del sector como ASOPROVAC, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias ya han denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia a diferentes empresas cárnicas que han derivado estos costes a otros conceptos para continuar “libres de cargas”. Lo que parece claro es que la eliminación de estos elementos no corresponde a la cría del animal, sino al despiece, y por tanto no es el ganadero quien debe asumirlo. Pero es que, claro o no claro, así lo define la orden 1163/2010 de 29 de abril, y hay que cumplirla, sin trampas. Hace bien el sector en haber reaccionado rápido y es de esperar y probablemente así será, que la industria page lo que le corresponde, eso sí, a regañadientes y haciendo perder a unos y otros tiempo y recursos. La picarsca parece que es parte de nuestra cultura, pero conociendo como se las gasta la Comisión Nacional de la Competencia, habría sido más inteligente ahorrársela, al menos en este caso.

EL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGUROS AGRARIOS

Esta semana Agroseguro presentó en Madrid un libro titulado "El sistema español de seguros agrarios. 1980-2009. Testimonio de 30 años". Y se preguntarán, ¿qué tiene de especial este tema para empezar hablando de ello? Bueno, pues cuando uno se adentra en este documento, posiblemente el más completo y sobre todo divulgativo, que se ha escrito hasta la fecha, uno confirma lo que por otro lado ya sabemos los que trabajamos en este campo, y es que en España disponemos de uno de los mejores, si no el mejor, sistemas de seguros agrarios del mundo. Un modelo sin duda mejorable, con aristas que hay que pulir, pero que no minimizan en absoluto el papel que ha jugado, que juega y que jugará el seguro agrario en nuestros campos. Un sistema asumido de forma mixta entre capital público y privado, tremendamente profesionalizado. Desde este programa siempre hemos defendido la necesidad de que el profesional del campo se acoja a los seguros para evitar pérdidas mayores. Entre otros aspectos porque cuando luego hay catástrfes naturales es necesario estar asegurado para poder recibir compensaciones. Pero sobre todo, un modelo con balance presupuestario positivo desde el punto de vista público, algo que en esta época de déficit adquiere todavía más valor. Es decir, las arcas del estado y las regionales gastarían más recursos compensado las catástrofes climatológicas o sanitarias, tal como pasa en otros países, que apoyando con fondos a este sistema, un modelo español eficiente y rentable, que debe seguir adaptándose.

LA VOZ DEL SECTOR AGRARIO

Esta semana se ha producido una importante manifestación en Mérida de todo el sector agrario. Para muchas personas ajenas al mismo puede parecer excesivo un movimiento de esta envergadura con todo lo que está cayendo en España. Pero hay algunos factores singulares que lo justifican. Por un lado la política agraria no es nacional, sino europea, y no en todos los Estados de la Unión Europea (UE) se está sufriendo de igual manera esta crisis; por tanto, articular esta movilización en el marco de un Consejo de Ministros de Agricultura, tiene sentido. Por otro lado España ha ostentado la Presidencia de la UE en este semestre, por lo que parece natural ejercer presión al gobierno responsable. En tercer lugar el Presidente Zapatero prometió al sector reunirse con ellos para hacer un seguimiento del Plan de Choque, algo que todavía no se ha producido. Se ha elevado el tono de los últimos meses y se ha pedido directamente la dimisión de la Ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa. Un golpe social que impacta en la Ministra en el momento de mayor debilidad del gobierno español, tanto a nivel interno como externo.

LA TRAMPA AGRARIA DE MERCOSUR

“ Mercosur es una unión aduanera de buena parte de Sudamérica; todo un potencial agrario. Su objetivo con respecto a la Unión Europea es reducir el proteccionismo del agro europeo, lo que abriría de par en par nuestras puertas a sus producciones.

Desde el punto de vista español, en plena crisis también agraria, es muy preocupante que nuestro gobierno, desde la Presidencia Europea, haya abierto justo ahora estas negociaciones; pero como Presidente de la Unión Europea tampoco se puede comprender. Acomete una aventura de este calado que ha obligado a diez países a ratificar de forma inmediata una declaración oponiéndose a su reapertura. Además, otros seis han manifestado su preocupación. Es decir, más de media Europa no está de acuerdo, la Comisión afirma que perjudicará de forma considerable a nuestro sector, el propio sector manifiesta su debilidad actual para hacerle frente. Sin embargo, la Ministra de Medioambiente, Medio Rural y Marino Elena Espinosa, ha declarado que no hay que tener ninguna preocupación y que se conseguirá un compromiso equilibrado. ¿En qué nube está? Parece que nuestro gobierno ha pilotado esta acción de última hora para poder lavar la cara a una decepcionante Presidencia Española. Sin duda la apertura de Mercosur al mercado de la automoción, a las grandes licitaciones y a otros sectores no agrarios son el gran caramelo de este acuerdo, a cambio, eso sí de cesiones en el sector agrario, nuevamente moneda de cambio.

Un detalle, sintomático es la respuesta por escrito del MARM a la solicitud de una entrevista de este programa y que literalmente decía así: “las negociaciones con Mercosur las lleva Comercio, así que diríjanse a ellos que son quiénes mejor podrán ayudarles”. ¿Se creen lo que dicen o es que tiene una empanada mental importante? Me temo que ambas cosas”.

2010 Y SUS TRES PATAS

El año 2010 va a estar marcado por tres aspectos muy relevantes para el agro. Por una parte la nueva Comisión con un importante relevo en la cartera de Agricultura, que ha pasado al Rumano Dacian Ciolos. En segundo lugar la Presidencia Española de la Unión Europea, en la que Zapatero ha anunciado su apuesta por el agro, al puro estilo Sarkozy. El tercer aspecto es la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que dota al Parlamento Europeo de poder legislativo abandonando su papel consultivo. Hasta tres lecturas se pueden dar a las propuestas de la Comisión en materia agraria. Al final, o hay conciliación entre Parlamento y Consejo o se desecharán. Un proceso mucho más completo y complejo que puede condicionar la velocidad legislativa de la UE. En este sentido veremos qué pasa con las nuevas ideas del Comisario de Sanidad y Protección de los consumidores, John Dalli. Ha manifestado su intención de que sea cada Estado quien tenga la última palabra a la hora de prohibir los cultivos transgénicos aun estando autorizados por la Unión Europea. Esta posición conlleva un importante riesgo de cara a la justa competencia entre productores dentro de la propia Unión Europea. En la actualidad se producen sustanciales agravios comparativos entre agricultores europeos y los de Estados terceros, ya que estos últimos sí pueden cultivar transgénicos y exportar parte de ellos a la UE, a pesar de no estar autorizado aquí su cultivo. El problema será mayor y romperá la idea del mercado interior si esta misma discriminación se produce entre agricultores de diferentes Estados europeos. Por ejemplo, ¿qué pensaría un agricultor francés que no pueda sembrar un maíz más productivo si su vecino Belga, en un finca colindante, sí lo hace?, ¿qué pensaríamos los europeos de nuestro mercado único? Se trata de abrir una puerta que sentaría un peligroso precedente.

ADIOS 2009

Finaliza un año 2009 al que pocos van a echar de menos, tampoco en el agro, y lo hace con tres hechos excepcionales, en noviembre el paro general del campo y la manifestación de Madrid y el pasado martes con una recepción del Presidente Zapatero a los responsables de las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. Zapatero se ha comprometido a poner en marcha un Plan de apoyo para ayudar a mantener las rentas y ha afirmado que promocionará el consumo de producto español. Al final, todos contentos por estos regalitos navideños, que como estamos en estas fechas tan señaladas todos queremos creernos. Sin duda es condición necesaria para solucionar el problema que exista esta voluntad política de actuar, necesaria pero no suficiente. La existencia de una política agraria común para toda la UE dificulta este tipo de planes pero no lo imposibilitan. Más difícil veo por el momento favorecer el consumo de productos españoles, ya que supuestamente las campañas de promoción financiadas con fondos públicos no puede hacer referencia a los territorios, es decir, no se puede publicitar un alimento por ser obtenido en España, claro que esa norma ha sido puenteada por varias ccaa, veremos como lo lidian. En cualquier caso, el compromiso ha sido hecho público, lo que está muy bien, y ahora solo queda ver cómo se plasma en medidas concretas con fondos concretos, en un momento en que la economía nacional también tirita.